La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió reservarse el fallo sobre la audiencia de medida de coerción a los siete implicados en el caso Camaleón.

De acuerdo a lo comunicado por varios de los abogados, el tribunal tomó la decisión de recesar la audiencia para las tres de la tarde de este jueves y dar allí lectura al fallo contra los acusados.

De un lado, los abogados defensores señalan que "no existen" medios suficientes para que se imponga prisión preventiva como medida de coerción, mientras que el Ministerio Público se mantiene firme en su pedimento de que los siete implicados sean enviados a prisión por 18 meses como medida cautelar.

De acuerdo al expediente depositado por el órgano acusador en la solicitud de medida de coerción, el exdirector del del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, entre el mes de agosto de 2022 y noviembre de 2023 fue quien dirigió y autorizó la adjudicación de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas que eran requeridas.

Asimismo, la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), imputa a José Ángel Gómez-Canaán (Jochi Gómez), quien es propietario de la empresa Aurix S.A.S., como el principal beneficiario económico del esquema.

Otro de los implicados en el caso Camalaeón es Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien fue coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant.

De igual forma, figura en el expediente Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien se desempeñó como director de Tecnología del Intrant.

En tanto que, el exdirector Administrativo y Financiero del Intrant, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, es imputado de emitir una certificación falsa en la que afirmaba que el Intrant contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación.

Pedro Vinicio Padovani Báez, es el exencargado del Centro de Control de Tráfico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y socio de Jochi Gómez, este hombre fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico, conforme a lo establecido por la Pepca.

Por último, el Ministerio Público acusa Carlos José Peguero Vargas, de ser responsable junto a Jochi Gómez, de movilizar fondos a través de la empresa Inprosol S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam.