El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental 011-2026, que establece nuevos lineamientos nacionales sobre el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país.

La medida surge en un contexto internacional marcado por la creciente preocupación sobre el impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales en el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar de niños y adolescentes.

“La discusión ya no es si la tecnología forma parte de la educación, sino cómo garantizamos que contribuya al aprendizaje y a una convivencia digital más saludable y responsable”, expresó De Camps.

La normativa dispone que cada centro educativo deberá crear protocolos internos sobre el uso de dispositivos móviles, integrados a sus manuales de convivencia y elaborados junto a docentes, familias y estudiantes. Además, promueve la reducción del tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar mediante pausas activas y actividades alternativas.

Entre las medidas, se establece la prohibición total de teléfonos celulares personales en el Nivel Inicial, restricciones en Primaria y un uso regulado y supervisado en Secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada institución.

A través de su cuenta en X, el ministro afirmó: “La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención. Emitimos la Orden Departamental 011-2026 para regular el uso de dispositivos móviles y pantallas en nuestras escuelas, priorizando siempre el bienestar integral de los estudiantes”.

Asimismo, señaló que “establecemos pautas claras por niveles: prohibición total en el Nivel Inicial para proteger el desarrollo temprano, restricción en Primaria y un uso pedagógico regulado y supervisado en Secundaria. Buscamos un equilibrio saludable en el entorno escolar”.

La orden también incorpora disposiciones sobre privacidad y protección de datos, prohibiendo grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo. Igualmente, contempla medidas de prevención contra el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.