La gobernadora civil Pura Casilla, presentó esté jueves una rendición de cuentas de los fondos que recibió durante el período 2024-2025, así como hizo mención de la inversión gubernamental en la provincia San Cristóbal.

Casilla, informó que en el período referido, recibió la suma de RD$ 7 millones 295 mil pesos, utilizados para el pago de energía eléctrica de la dependencia y gastos corrientes, asimismo para apoyar casos de salud, ayudas estudiantiles, fúnebres, y comunitarias, también auspiciar eventos deportivos y pro-efemérides patrias.

La representante del poder ejecutivo indicó que por concepto de fondos reponibles la gobernación recibió más de 100 mil pesos mensuales. De su lado, apuntó que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), donó más de 24 millones de pesos, que fueron invertidos en obras comunitarias y apoyo de actividades culturales, deportivas y humanitarias.

Agregó que el Ministerio de la Juventud entregó a la gobernación la suma de RD$ 910 mil pesos, utilizados en iluminación del play Tomas Santana, realización de Premios Héroe, Hatillo Emprende y expansión del Programa de Labor Social Comunitaria.

Gobierno en San Cristóbal

La funcionaria destacó que el gobierno en San Cristóbal, durante el período 2024-2025, entregó a la sociedad, dos centros habitacionales: Najayo Arriba y Cañada Honda, asfaltado de sectores como el Peña Gómez I y II y en calles de Hatillo, construcción de techados escolares, centros comunales, estancias infantiles, también da toques a la primera fase de la Ciudad Sanitaria y a obras viales para la provincia, entre otros.

A la actividad asistieron; el senador Gustavo Lara Salazar, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, Benny Metz, la vicealdesa local, Eva Nina, representantes de instituciones públicas, sectores empresariales y comunitarios.

El Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CNEXCARD) considera que las penas actuales por accidentes de tránsito con consecuencias fatales son demasiado leves.

A raíz de lo que la entidad describe como una "pandemia de muertos" en el país, propone aumentar las penas de prisión de dos a tres años (establecidas en la Ley 63-17) a un rango de 10 a 15 años.

El Consejo argumenta que esta medida es necesaria, especialmente cuando se comprueba que el accidente fue causado por negligencia grave, como la conducción bajo los efectos del alcohol, drogas o por falta de prudencia.

Durante una rueda de prensa, Miguel de La Rosa, presidente de la entidad, explicó que la propuesta presentada al Congreso Nacional busca un incremento de 10 a 15 años de prisión para los casos de un solo fallecido. 

Manifestó que, para los accidentes con múltiples víctimas, como el lamentable suceso en la provincia de Higüey, donde murieron ocho personas, proponen penas aún más severas, aunque sin especificar un número exacto.

De la Rosa enfatizó el desacuerdo del CNEXCARD con el nuevo Código Penal, específicamente con el artículo 336, que a su juicio solo aumenta la pena de dos a cinco años. El Consejo considera este incremento insuficiente, ya que le otorga al juez un amplio margen para imponer una pena mínima sin que la gravedad del hecho sea un factor determinante.