San Cristóbal.- El alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, afirmó que los cabildos requieren de más recursos para poder hacer frente a las múltiples necesidades de las comunidades.

Al encabezar actos diversos con motivo al Día de los Ayuntamientos, Guillén abogó para que se cumpla con el 10 por ciento para los gobiernos locales. El jefe del gobierno municipal junto a la vicealcaldesa, Santa Sánchez, y demás funcionarios aprovecharon que los constantes aguaceros que afectan gran parte del país cesaron por unos minutos para depositar una ofrenda floral en el busto del patricio Juan Pablo Duarte.

Además, fue realizado un Tedeum en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación. Posteriormente, el alcalde Nelson Guillén se trasladó a las zonas afectadas por los aguaceros, entre ellos, el barrio Moscú para realizar un levantamiento y disponer de la asistencia necesaria. Guillén manifestó su preocupación por la situación. Agregó que el cabildo  estará brindando apoyo a las familias afectadas.

Santo Domingo.-Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas está de acuerdo con la  decisión del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de solicitar a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría a los proyectos construidos en el país por la empresa brasileña Odebrecht, para precisar si hubo  sobrevaluaciones en su costo.

 
La solicitud hecha por la Procuraduría fue remitida al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, en la cual se detallan cuáles fueron las obras construidas por esa empresa en el país.

 
“Saludamos que la Procuraduría haya solicitado una auditoría de las obras que construyó Odebrecht en el país, es una decisión que debemos respaldar”, dijo el ministro, durante una entrevista en el canal 5, en la televisión local.

 
Odebrecht está en medio de un escándalo de corrupción que incluye sobornos a funcionarios y políticos de diferentes países, a cambio de ser favorecida con proyectos de infraestructura, de acuerdo a investigaciones realizadas por la justicia de Estados Unidos.

 
En el país también se debate si la compañía carioca entregó fondos a políticos ligados a diferentes organizaciones, incluyendo al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

 
Sobre el caso han sido investigados exfuncionarios gubernamentales y legisladores, tanto activos como pasados.

 
En otro orden, el ministro Castillo restó importancia a las manifestaciones de protesta que se han estado realizando en el país contra la impunidad, al considerar que las mismas “están contaminadas, debido a la participación de personas que están identificadas con una causa”.

 
“Hay muchas personas identificadas con una determinada causa, por lo que restan valor a esas protestas”, dijo Castillo, quien condenó el llamado a desobediencia que, según afirma, hacen algunos dirigentes de la oposición.

 
Las marchas son organizadas por el Movimiento Verde, que ayer encabezó una masiva caminata en la ciudad de San Francisco de Macorís, contra la impunidad de los supuestos actos de corrupción en el Estado y para que se resuelvan los males que afectan a la sociedad.

 
El funcionario reconoció el malestar que hay en algunos sectores de clase media, pero aseguró que el gobierno del PLD ha propiciado la expansión de esa clase social, y que seguirá impulsando proyectos para garantizar su fortalecimiento.
Al referirse a los posibles actos de corrupción que puedan detectarse en el Gobierno, Castillo aseguró que el PLD ha respaldado importantes proyectosde leyes que buscan enfrentar la corrupción.
Citó el caso del proyecto de ley de partidos políticos, el que, según afirma, cuenta con el apoyo del partido oficialista.
Asimismo, el dirigente peledeista destacó las obras que construye el Gobierno en diferentes puntos del país, entre las que figuran la avenida Prolongación Sur, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y una carretera que unirá a la ciudad de San Francisco de Macorís y la provincia María Trinidad Sánchez.
También citó el proyecto de construir una carretera que uniría, en 23 minutos, a Santiago con la ciudad de Puerto Plata, lo que, según dijo, ahorraría tiempo a los conductores.

Santo Domingo.- Cuatro de los sistemas de acueductos están fuera de servicio anuncio La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD lo que  ha  provocado una reducción de 90 millones de galones de agua potable diarios y más de 70 sectores sin recibir el líquido.
 producto de los torrenciales aguaceros que se han producido en el país en los últimos días,  son Haina-Manoguayabo, Isa-Mana, Duey e Isabela, mientras que Valdesia, Acueducto Oriental y los sistemas que tienen como fuente las aguas subterráneas operan de manera normal, tales como La Joya, Los Marenos, Sabana Perdida, Mata Mamón, San Felipe y los Sistemas Sectoriales.

“Debido a las lluvias que se han producido en los últimos días, los caudales de los ríos Nizao, Haina, Isa, Mana, Duey, Isabela y Ozama, se han incrementado de manera extraordinaria provocando altos niveles de turbiedad en las aguas de estas fuentes hídricas, que nos han obligado a sacar de operación como medida preventiva los acueductos Haina-Manoguayabo, Isa-Mana, La Isabela y Duey”, indicó Alejandro Montás, director general de la CAASD.

Explicó que el acueducto Duey está fuera de operación por averías en varias tuberías de 30 pulgadas de la línea de impulsión a la salida de la Obra de Toma y por los altos niveles de turbiedad, mientras que Haina-Manoguayo, Isa-Mana, e Isabela están fuera de operación por alto nivel en la obra de toma y por la turbiedad del agua.

Montás dijo que producto de la salida de los mencionados acueductos quedarán sin servicio los sectores Villa Morada, La Redención, Pantoja I, San Miguel de Pantoja, Obras Públicas, INVI-Los Alcarrizos, Barrio Landia parte baja, Paraíso, Libertador, Savica II, Pueblo Nuevo, Girasoles I y II, Arroyo Hondo II y III, Nazareno, Nuevo Horizonte, Los Peralejos, Brisas del Norte, y Residenciales República de Colombia, todos servicios del sistema Duey.

Indicó que los sectores afectados por la salida de servicios del acueducto ISA-MANA son Los Alcarrizos Viejo, Los Americanos I y II, Savica I, El Chucho, Las Mercedes, La Piña, Chavón, Canaán, Juana Saltitopa, San Felipe, Las Gloria, desde km 32 hasta km 15 (Guayiga, Pedro Brand), Barrio Landia parte alta, Gran Poder de Dios, Carretera Hato Nuevo, y la Primera Brigada del Ejército de la República Dominicana.

Asímismo, Montás anunció que se mantiene activo el Plan de Emergencia “CAASD Activa ante la Tormenta” a fin de preservar vidas y propiedades de esa corporación.

San Francisco de Macorís.- Miles de personas marcharon por las calles de la cuidad de San Francisco de Macorís en reclamo de ponerle fin a la impunidad y a los actos de corrupción, y donde lanzaron un manifiesto que denuncia los supuestos intentos del gobierno de tapar las acciones dolosas que comprometerían al presidente Danilo Medina con la multinacional Odebrecht.

La marcha, que partió minutos después de las diez de la mañana desde el parque Frank Grullón, recorrió calles y avenidas hasta culminar en la intersección de las calles Castillo y Gaspar Hernández, donde el sacerdote Ramón Alejo (Moncho), leyó un documento fijando la posición del movimiento ciudadano.

Con atuendos verdes y a ritmo de tambora y lanzando consignas contra los actos de corrupción y la impunidad imperantes en el país, miles de personas de todas las edades y procedentes de diferentes puntos del país, en especial de la región del Cibao, caminaron bajo un fuerte calor, aunque había vaticinios de lluvias.

El sacerdote Ramón Alejo leyó el manifiesto de la Marcha Verde donde advirtió los supuestos intentos del presidente Medina, “con su avasallante fuerza mediática”, de “manipular y tergiversar la realidad” que supuestamente le vincula con muchas evidencias sobre los hechos bochornosos de corrupción de la Odebrecht.

Expresa que si pretenden seguir cubriendo con el manto de impunidad los reclamos pacíficos de la población, se puede convertir en rebeldía que desate acontecimientos catastróficos contra los beneficiarios de la corrupción y la impunidad en el país. Alejo reclamó acciones punibles para los que han desfalcado el patrimonio público, que sean llevados a los tribunales y sus bienes confiscados para ser invertidos en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El documento reitera el pedido de cárcel para los corruptos, recuperación del dinero robado y cancelación de los contratos con la multinacional Odebrecht.

La marcha verde se inició alrededor de las 10:00 de la mañana y finalizó a las 12:00 del día, después de recorrer varios sectores de San Francisco de Macorís.

 Santo Domingo.- La próxima semana la Procuraduría General de la República en Brasil remitirá las pruebas del esquema de corrupción de Odebrecht al país para profundizar las investigaciones sobre el pago de sobornos a funcionarios y el alegado financiamiento irregular a campañas políticas, informó la agencia Reuters.

El despacho de prensa destaca que Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público que fue homologado por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Quevedo, en el que la empresa se compromete a pagar US$184 millones al Estado dominicano.

La multinacional admitió ante la justicia estadounidense que entre 2001-2014 pagó unos US$92 millones en el país para asegurar contratos públicos.

El envío de los documentos desde Brasil a otro país será el primero desde que la empresa firmó un acuerdo con la Procuraduría del país sudamericano, indica Reuters. Por ese acuerdo, las pruebas de corrupción de la empresa, en el caso de asuntos internacionales, están protegidas hasta el 1ro. de junio del presente año, debido a una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, la República Dominicana recibirá los documentos antes de ese plazo debido al acuerdo arribado.

El pasado miércoles, el procurador dominicano Jean Rodríguez, informó que aunque el acuerdo establece que después de homologado, la empresa tiene un plazo máximo de 60 días para entregar informaciones, se ha logrado que, a más tardar el 19 de mayo próximo, Odebrecht se comprometa a entregar a la Procuraduría la lista de quiénes recibieron los pagos ilícitos, testimonios, documentos, archivos, libros, registros y cualquier otro medio de prueba que tenga en su poder.

La Procuraduría ha interrogado a una treintena de funcionarios, exservidores públicos y otros civiles desde diciembre pasado. Dejó establecido en el acuerdo con Odebrecht, que no prescinde de perseguir penalmente al enlace comercial de la constructora en el país, Ángel Rondón.

Santo Domingo.- En caso de que él Ministerio Público decida someter a  la justicia los involucrados   en los sobornos que Odebrecht que  admitió haber pagado en el país recibirían penas de tres a diez años de cárcel por violación a la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión. 

El artículo 5 de la referida Ley 448-06 establece penas de 3 a 10 años de cárcel para los que incurren en sobornos, y la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, contempla penas de 3 a 20 años de cárcel para los que resulten culpables de violación de esta legislación.

 
Para entendidos en la materia, como el caso del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, el Ministerio Público bien podría ahora, con la validación del acuerdo, dirigir la investigación hacia lavado de activos y asociación de malhechores.

 
El acuerdo entre la Procuraduría y la multinacional validado ayer en el Tercer Juzgado de la Instrucción estipula que no beneficiará a otras sociedades, representantes comerciales, empleados, gerentes, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios, consultores, empresarios, funcionarios públicos, exfuncionarios, ni al empresario Angel Rondón Rijo, sindicado como la persona que repartió los sobornos.
El soborno transnacional supone un concierto fraudulento que tipifican la asociación de malhechores y el lavado de activos.

 
Odebrecht se comprometió a suministrar informaciones puntales y de trascendental importancia para el esclarecimiento de hechos particularmente relevantes para la República Dominicana, como la identificación de los funcionarios públicos sobornados, sus cómplices y las circunstancias que rodearon dichos sobornos.

 
También, identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos, así como las personas físicas y jurídicas que facilitaron y coadyuvaron a entregarlos, indicar los montos entregados y el mecanismo financiero utilizado, suministrar las cuentas bancarias, registros contables y cualquier otra información relevante.

 
La multinacional tendrá que aportar al Ministerio Público todas las declaraciones, documentos, testimonios y cualquier otro medio de prueba relacionado a los hechos declarados y admitidos bajo el acuerdo de “lenidad”.

 
Cada una de las disposiciones del acuerdo son independientes y la invalidez de una o más de ella, no afecta la validez del convenio total o parcialmente.

 
El criterio de oportunidad con el que el juez Danilo Amador validó el convenio solo abarca a Odebrecht S.A, a sus sucursales y sus subsidiarias, “no así a otras personas jurídicas no vinculadas y a personas físicas en sentido general”.

 
la empresa se compromete al pago de 184 millones de dólares por los daños causados con los sobornos, que es el tope de la multa que establece la Ley 448 -06, con sanción aplicable a personas morales que incurran en ese ilícito.

 
La solicitud del Ministerio Público se hizo amparada en el artículo 370.6 del Código Procesal Penal que establece el criterio de oportunidad y que le confiere el derecho de pedir al juez la autorización para aplicar ese principio cuando se trata de un caso bajo trámite de asunto complejo.

 Hoy se inicia el proceso de vistas públicas para que ciudadanos interesados hagan propuestas para modificar o fortalecer  los proyectos de Ley de Partidos y Régimen Electoral.

La jornada está pautada para las 9:00 a.m. cuando inicie el proceso de inscripción y a las 10:00 a.m. tendrán lugar las exposiciones en el Salón de la Asamblea Nacional frente a los miembros de la comisión presidida por el senador Arístides Victoria Yeb.

“Continuamos el trabajo para que República Dominicana tenga una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y una nueva ley del Régimen Electoral consensuada entre todas las fuerzas políticas”, declaró el senador por María Trinidad Sánchez, quien aseguró que las vistas públicas se realizarán “sin límite de tiempo”.

La comisión bicameral recibió ayer en el edificio del Senado a los representantes de doce partidos minoritarios y un movimiento político pertenecientes al denominado “Bloque Progresista”, aliado del Partido de la Liberación Dominicana.

Los partidos, entre los que figuran el BIS, el MODA, el PCR, el PLR, la UDC, el PTD, el PPC, el PASOVE, el PAL, el PDI, el PDP, el PRI y el PNVC, depositaron una propuesta conjunta en la que proponen la exención de impuestos a los partidos, la supresión del voto preferencial, al menos para regidores, y otras iniciativas.