La Procuraduría General de la República (PGR) informó el pasado lunes que la Suprema Corte de Justicia (SCJ), será apoderada de una solicitud de variación de la medida de coerción de prisión domiciliaria por prisión preventiva contra el exacalde de San Cristóbal Raúl Mondesí.
Mondesí está acusado de malversar más 300 millones de pesos, durante su gestión en el período 2010-2016.
La PGR indicó que procederá con la solicitud del cambio de la medida cautelar en virtud de que el imputado violentó en más de una oportunidad la medida de coerción de prisión domiciliaria que le fue impuesta por su vinculación a los referidos actos de corrupción.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) logró en el año 2019 que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal le ratificara a Mondesí la sentencia condenatoria de ocho años de prisión, una multa de 60 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos que le impuso el Tribunal Colegiado de esta jurisdicción en el mes de septiembre de 2017.
El Ministerio Público señaló que dicha sentencia no ha sido ejecutada en virtud de los recursos interpuestos por el imputado.
En ese orden, expresó que además del referido recurso de apelación, ahora se está a la espera de que la Suprema Corte decida sobre un recurso de casación interpuesto por Mondesí y otros cuatro exintegrantes de la alcaldía que también fueron procesados por el caso y a quienes también le fue ratificada la sentencia impuesta en primer grado.
Recordó que junto al exalcalde Raúl Mondesí también fueron procesados y ratificada la sentencia al exsecretario general de dicha alcaldía, Bienvenido Araujo Japa, y el extesorero Jesús Antonio Ferreira, quienes fueron condenados a siete y seis años de reclusión, el pago cada uno de una multa de RD$20 millones de pesos y la inhabilitación por seis años y sieteaños para ocupar cargos públicos, respectivamente, así como Pedro Cordero, excontador, el cual fue declarado culpable por encubrimiento de información a las autoridades y sentenciado a tres años de prisión, los cuales se encuentran en libertad bajo fianza.
El grupo fue acusado por la Pepca por diferentes delitos entre ellos :de coalición de funcionarios, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores.
