Los 11 miembros de la Policía Nacional vinculados a la muerte de cinco personas en el sector de la Barranquita en Santiago, el pasado 11 de septiembre, se encuentran en esa provincia a la espera de que se le conozca la medida de coerción.

El abogado Juan Carlos Báez Peralta, representante legal de siete de los policías, denunció que la fiscalía ha violentado el principio de presunción de inocencia al divulgar las identidades de sus clientes antes de que un juez determine el grado de responsabilidad.

Báez Peralta explicó que las órdenes de arresto fueron ejecutadas el pasado martes en horas de la noche por disposición del magistrado Wilson Camacho y que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha depositado la solicitud de medida de coerción.

“Entendemos que ellos están esperando el plazo razonable, que son 48 horas para depositar dicha medida de coerción. Sin embargo, en su afán de desesperación, la fiscalía no debió divulgar la identidad de los agentes, olvidando que existe la presunción de inocencia”, sostuvo el abogado, al recordar lo que establece el artículo 95.8 del Código Procesal Penal.

El jurista indicó que, junto a su colega José Gregorio Vázquez, representa a siete de los 11 agentes implicados en el caso. Señaló que la acusación preliminar contra sus clientes se fundamenta en los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican el homicidio voluntario.

No obstante, Báez Peralta aseguró que los policías no actuaron de manera fortuita, como quiere hacer ver el Ministerio Público, sino que se encontraban en el lugar tras una investigación que detectó la presunta negociación de un fusil de alto calibre.

Los policías son vinculados con las muertes de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, cuyo deceso se produjo mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.