El titular Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (Pedecsa), Rafael Brito, reveló que constantemente el ministerio público actúa junto a Salud Pública en el cierre de plantas procesadoras de agua embotellada y de hielo que no cumplen con las normas sanitarias. Brito mostró un acta de cierre temporal del pasado mes de junio de una fábrica de hielo en Santo Domingo, donde realizaron un allanamiento, por no tener permiso para operar y otras irregularidades.

“A requerimiento de Salud Pública, que tiene control, nosotros actuamos con mucha frecuencia. Cada vez que ellos nos solicitan, nosotros les respondemos. Envasadoras de agua ilegales, farmacias ilegales y de centros de salud ilegales siempre actuamos en coordinación con Salud Pública. Es muy difícil que actuemos sin la coordinación de Salud Pública, que es el órgano regulador del sistema sanitario y tiene el control de los que están registrados o no están registrados”, expresó el fiscal.

Deploró que haya personas que buscan la forma de subsistir, de ganarse la vida, poniendo en juego la salud de los consumidores.

Afirmó que la salud es un derecho fundamental, por lo que requiere de registro sanitario, habilitación del centro donde va a operar y supervisión técnica.

Expresó que no han intervenido establecimientos por exposición al sol de las botellas plásticas, tarea que normalmente realiza Pro Consumidor y Salud Pública en los centros de expendios. “Ellos con cierta frecuencia nos van mandando los expedientes a nosotros como ministerio público para intervenciones. Nosotros, normalmente intervenimos con una orden de allanamiento, para poder decomisar, inclusive los equipos que esas embotelladoras o envasadoras tienen y vamos conjuntamente con Salud Pública y nos los llevamos todos“.