El Tribunal Constitucio­nal (TC) estableció que las rutas de transporte públi­co son un bien jurídico de dominio público y forman parte del patrimonio na­cional, por lo que no pue­den, ni deben, pertenecer a particulares.

Señaló que por su pro­pia naturaleza, las rutas del transporte público son de la exclusiva propiedad del Estado, “sin que pue­dan ser objeto de negocio”,  puntualizó el TC en la sen­tencia TC-0330-21.

Recordó el artículo 43 de la ley 63-17, de Movi­lidad, Transporte Terres­tre, Tránsito y Seguridad Vial. Ese texto dispone que “Las rutas del trans­porte público de pasaje­ros son propiedad del Es­tado. La prestación del servicio del transporte público de pasajeros se­rá autorizada por medio de la emisión de licencias de operación, expedidas por el INTRANT (Institu­to Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre) y los ayuntamientos en su ju­risdicción a favor de ope­radores públicos o priva­dos, de conformidad con la presente ley y sin vulne­rar los derechos o las pre­rrogativas previamente es­tablecidas”.

Los jueces del TC preci­saron que lo único que está permitido es la emisión de licencias que faciliten a los particulares su explotación en los términos fijados por la Constitución y la ley 63-17, bajo la vigilancia del INTRANT.

El tribunal acogió una acción de amparo interpuesta por el chofer Danilo Vizcaíno Reyes y ordenó a la Unión Nacional de Chóferes Sin­dicalizados Independien­tes (Unachosin) el cese de la paralización de las ope­raciones de su vehículo como medio de transporte público en la ruta B de San Cristóbal, exhibiendo la fi­cha número 110 como ró­tulo de identificación.

El Tribunal Constitucio­nal impuso una astreinte de RD$5,000.00 contra el sindicato de transporte Unachosin, por cada día de retardo en la ejecu­ción de la presente deci­sión, a partir de su notifi­cación, a favor del accio­nante, el chofer Danilo Vizcaíno Reyes.