El uso de la inteligencia artificial se hace cada día más común para satisfacer necesidades académicas, producir contenidos, ideas y resolver problemas del diario vivir. Sin embargo, su potencial ofrece grandes oportunidades para revolucionar el servicio público, haciéndolo más ágil, accesible, y eficiente.

El Instituto Alan Turing del Reino Unido, estima que la IA podría automatizar el 84% de las transacciones repetitivas del servicio público en ese país, ahorrando el equivalente a 1,200 años/persona de trabajo al año. El dato está contenido en el informe "Gobernar con IA" publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La organización apunta que, a pesar de su potencial, el uso de la IA por parte de los gobiernos sigue siendo rezagado respecto al sector privado, aunque ya se está utilizando en  sectores como justicia, salud, participación cívica, inteligencia comercial, administración tributaria, compras públicas, y otras áreas.

Al analizar el uso de la IA en 11 funciones centrales de la administración pública de 200 casos prácticos, la OCDE detectó que la inteligencia artificial se utiliza con mayor frecuencia en la prestación de servicios públicos, justicia y participación cívica, mientras que su presencia es relativamente menor en áreas como la evaluación de políticas, la administración tributaria y la reforma de la función pública.

Agrega que a medio camino se encuentran la contratación pública, la gestión financiera, la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública, y el diseño e implementación de la regulación. 

El estudio refiere que algunos sectores se enfrentan a mayores limitaciones normativas, como Hacienda y la administración tributaria, dada la normativa sobre el uso de datos fiscales, pero afirma que en algunas funciones, como la administración de justicia, las demandas públicas y los crecientes retrasos en las transacciones podrían precipitar la adopción de la IA como una oportunidad para abordar desafíos urgentes.