El exasesor de seguridad nacional John Bolton, puesto que ejerció en el primer mandato del presidente Donald Trump, fue acusado el jueves de almacenar registros ultrasecretos en su casa y de compartir con familiares notas sobre su tiempo en el gobierno que contenían información secreta.

La acusación de 18 cargos también plantea que información secreta quedó expuesta cuando agentes —presuntamente vinculados al régimen iraní— hackearon la cuenta de correo electrónico de Bolton en 2021 y accedieron a secretos que él había compartido. Un representante de Bolton le dijo al FBI que sus correos electrónicos habían sido hackeados, dicen los fiscales, pero no reveló que él había compartido información secreta a través de la cuenta ni que ahora los hackers poseían esta información.

La investigación sobre Bolton, quien laboró más de un año en el primer mandato de Trump antes de ser despedido en 2019 y convertirse en un crítico abierto del gobernante republicano, salió a la luz pública en agosto cuando el FBI registró su casa en Maryland y su oficina en Washington en busca de registros secretos que podría haber retenido de sus años en el gobierno.

La acusación formal de 18 cargos, presentada ante un tribunal federal en Greenbelt, Maryland, prepara el terreno para un caso judicial observado muy de cerca, enfocado en un personaje de larga data en los círculos de política exterior republicana, quien llegó a ser conocido por sus opiniones belicistas sobre el poder estadounidense y que, tras dejar el primer gobierno de Trump, se tornó un crítico destacado y franco del presidente.

Aunque la investigación que derivó en la acusación estaba en marcha durante el gobierno del presidente Joe Biden y comenzó mucho antes del segundo mandato de Trump, el caso se desarrollará en el contexto de preocupaciones más amplias de que su Departamento de Justicia está siendo convertido en arma para perseguir a sus adversarios políticos y evitar que sus aliados estén bajo escrutinio.

Expresidentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) calificaron el proyecto del monorriel anunciado por el gobierno como un proyecto que nacerá “saturado” y con “limitaciones técnicas, legales y financieras”,  debido a un error de planificación.

En nombre de los profesionales de la ingeniería, el documento fue leído por Thomás Frías Sosa, quien expresó que no se oponen al desarrollo del transporte masivo pues lo consideran como una necesidad nacional, sin embargo sostienen que el modelo escogido para el monorriel de Santo Domingo es “técnicamente limitado, financieramente riesgoso y jurídicamente cuestionable”.

“La experiencia internacional lo confirma: en São Paulo, Tokio y Kuala Lumpur, los monorrieles son complementarios, no troncales. Mientras que París, Ciudad de México o Santiago de Chile apuestan por sistemas de metro pesado para sus corredores principales”, expresó Frías.

Manifestó su parecer con la Comisión de Infraestructura al explicar “Un sistema que nace al límite de su capacidad no es una solución, es un error de planificación que posterga la crisis”.

Para el Codia el monorriel de Santo Domingo nace con déficit de capacidad: entre 12,500 y 20,000 pasajeros por hora por sentido, cuando la demanda actual supera los 22,000 pasajeros/hora. Es decir, el sistema estará saturado desde el inicio.

En contraste, el Metro de Santo Domingo ya mueve más de 27,000 pasajeros por hora y puede escalar hasta 40,000 con mejoras mínimas.