La Procuraduría General de la República solicitó prisión preventiva en contra de 11 de los implicados en el caso de la sustracción de 950 kilos de cocaína en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), de un total de 25 personas contra quienes solicitó y fueron ejecutadas órdenes de arresto.

La solicitud de medida de coerción incluye al director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, y los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro.

También el mayor Rudy José Japa Álvarez, mayor Luciano Gómez Cabrera, teniente Bárbaro Torrez Beltrán, sargento mayor Antolín de los Santos, sargento Pedro José Almánzar, el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys García Miranda.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, explicó en una conferencia de prensa los pormenores de las investigaciones realizadas en contra del grupo, de fiscales adjuntos, oficiales, alistados y subalternos vinculados a la sustracción de la droga en la Dican. La medida de coerción fue solicitada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, la cual se espera conozca hoy miércoles la solicitud consistente en un año de prisión preventiva.

La medida incluye al director y al jefe de Operaciones de la Dican, el coronel Carlos Fernando Valerio, y el teniente coronel Félix Humberto Paulino López, respectivamente; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, contra quienes el ministerio público dice tener pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones, junto a otros implicados a los que ya le fueron emitidas órdenes de arresto.

Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.

Inicio de la investigación
Domínguez Brito explicó que la investigación se hizo a una solicitud del jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, para que se haga una pesquisa sobre la supuesta desaparición de una cantidad de sustancia controlada, en ese momento indeterminada, en la que se presumía había como implicados, tanto personal del ministerio público como del cuerpo del orden.

Destacó que de inmediato nombraron a dos procuradores generales para el inicio de las investigaciones, procediendo posteriormente a la ampliación de la comisión conforme se fue evidenciando la magnitud de los hechos denunciados.

De ese modo, explicó, pasó a encabezar la investigación el procurador adjunto Bolívar Sánchez Veloz, así como Daniel Miranda Villalona, titular de la Unidad de Antilavado, y el Procurador de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Robert Rodríguez, junto a la fiscal Olga Diná, sumados a los que inicialmente trabajaron el caso, los magistrados Iván Lorenzo y José Alberto Jiménez.

De acuerdo a lo expresado por el jefe del ministerio público, las investigaciones han determinado que la alerta de la presencia de una sustancia en una casa en el Ensanche Isabelita, el 27 de septiembre pasado, la produce alegadamente un mayor de la Policía, quien suministra la información al fiscal Máximo Díaz Ogando, quien a su vez se comunicó con el jefe de operaciones de la Dican, procediendo a conformar el equipo que actuó en ese allanamiento.

Domínguez Brito sostuvo que las actas judiciales de allanamiento en este caso, donde se ocupó 950 kilos de cocaína, fueron completadas con informaciones falsas, y que no fue reportada para su proceso judicial ni mucho menos entregada a la cadena de custodia que debió transferir hasta el Inacif.

Indicó además que en las mismas se indicaba que no fue encontrado nada comprometedor y que la operación la habían ejecutado miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), los cuales no actuaron en el mismo.

Expresó que la sustancia sustraída en esa operación fue utilizada para el pago de complicidad y silencio de todos los involucrados, tanto para los altos mandos policiales, como a los miembros del ministerio público.

Señaló que la investigación reflejó que durante el desarrollo del operativo se produjeron entradas y salidas de los participantes, de forma separada al apartamento del coronel Valerio ubicado en la avenida México, para ponerlo al tanto del hallazgo de la droga.

Explicó que hasta el momento la distribución de los 950 kilos se realizó de la siguiente manera: 250 kilos a los representantes del ministerio público, quienes se encuentran bajo arresto, y los 700 restantes quedaron bajo el control del coronel Paulino, quien a su vez después supuestamente colocó parte de la misma en el mercado local.

Tras ser preguntado en torno a un operativo realizado el pasado lunes en Cajas de Seguridad Dominicana S.A, dijo que ciertamente se realizó un allanamiento a la caja número 132, la cual figuraba a nombre de Omar Ogando y como apoderado el fiscal Díaz Ogando.

Señaló que en el interior de la misma se detectó varios certificados de depósitos y de inversión con un valor aproximadamente de 5 millones de pesos, títulos de propiedad correspondiente a locales comerciales, entre otras propiedades, así como 15 mil dólares en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.

Bienes recuperados
Dijo que como parte de los bienes han sido recuperados un millón 450 mil pesos en efectivo, entregados a las autoridades de forma voluntaria por uno de los sargentos que participó en el operativo, así como una yipeta del año 2014.

Expresó que otro de los participantes, que alegadamente recibió de parte del coronel Paulino unos tres millones de pesos, entregó de forma voluntaria un apartamento que adquirió a un precio de 2.6 millones de pesos y un vehículo valorado en 400 mil pesos. Domínguez Brito precisó que la investigación no ha concluido y que siguen profundizando sin importar investidura, jurisdicciones ni posiciones.

Además aduce que el mensaje está claro, "los llamados a perseguir y castigar el crimen organizado en todas sus manifestaciones, bajo ninguna circunstancia pueden aliarse al mismo y operar como vulgares delincuentes y narcotraficantes". Sostiene que en el caso se vieron involucrados oficiales de la policía desde el más alto rango, hasta fiscales adjuntos.

Niega presión de EEUU
Domínguez Brito rechazó que el embajador de los Estados Unidos en el país haya presionado para que se investigara en el caso de la Dican, tras señalar que no hay ningún tipo de vinculación entre su visita a su despacho y la pesquisa que se realiza.

Descarta implicación de presentadora de Televisión
Tras ser preguntado por la presentadora de televisión que presuntamente estaría involucrada en el caso Dican, el jefe del ministerio público dijo que no se pudo determinar que tenga participación en el mismo. De tener alguna relación personal o sentimental con alguno de los implicados, ya no es un asunto que les compete a las autoridades.

Órdenes de arresto
La magistrada Wendy Martínez Mejía, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, dictó órdenes de arresto en contra de los tenientes coroneles López Paulino, Voltaire Batista Matos y Francisco Valenzuela y de los fiscales adjuntos Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y Leonidas Suárez Martínez. También de los coroneles Juan Bulus Andújar, Guillermo Báez Hubiera y Fernández Valerio; los mayores Gómez Cabrera, Junior Vásquez Báez, Japa Álvarez y Alberto Jiménez Ruiz, los capitanes Edwin La Paz Zapata y Carlos Amézquita Reinoso, y los primeros tenientes Torres Beltrán y William Rudy Rosario Guerrero.

De igual manera, los sargentos mayores, De los Santos Zabala y Francisco Pérez Castro; el sargento Pedro José Almánzar González, el cabo Muñoz Evangelista, la raso García Miranda, el teniente Juan Belén Mejía y el civil Santo Emilio Hernández.

La jueza acogió un pedido de los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz y Edward Robert Rodríguez Mendoza, de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo. En el auto de la orden de arresto la jueza Martínez Mejía ordenó al ministerio público presentar a los implicados en un plazo de 48 horas ante el juez de la instrucción correspondiente, si entiende debe dictarse otra medida de coerción.

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CASTRO CASTILLO TOMÓ VUELO A CAPITAL EE.UU.
El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, que acompañó al presidente Danilo Medina en su visita ayer a Puerto Rico, voló desde San Juan directo a Washington. El vocero policial, Jacobo Mateo Moquete, informó anoche a LISTÍN DIARIO que Castro Castillo hará contactos con el jefe de la Policía de la capital estadounidense y formalizará acuerdos para la capacitación de oficiales académicos dominicanos recién graduados en áreas sensitivas como inteligencia, investigaciones criminales y el crimen organizado.

Varios oficiales clave de su gestión están bajo arresto tras develarse el robo de al menos 950 kilos de cocaína en la Dirección Central de Antinarcóticos (Dican), decomisada a narcotraficantes, entre estos el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López; los mayores Rudy José Japa Álvarez y Luciano Gómez Cabrera; el teniente Bárbaro Torrez Beltrán, los sargentos Antolín de los Santos y Pedro J. Almánzar; el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys García.

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