Santo Domingo.- Que sean personas íntegras, capacitadas y sin militancia política, por los menos en los últimos cuatro años, son las exigencias que hacen La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (RSC), para la selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral.
Participación Ciudadana plantea que los integrantes del organismo se designen por concurso público y que no se limite a seleccionar abogados, sino a politólogos, sociólogos y otros profesionales de la vida nacional y especialistas en materia electoral.
La propuesta de PC la formuló su coordinadora general, Josefina Arvelo, quien entiende que no es necesario que los miembros de la JCE sean todos abogados, debido a que las decisiones contenciosas que tenía esta entidad pasaron al Tribunal Constitucional y se quedó con las actuaciones administrativas.
Hay que definir perfil. El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que lo conveniente en esta ocasión es definir un perfil para quienes resulten electos en la JCE, de forma tal que sean personas confiables, con solvencia moral y competentes. Expresó que se requiere elegir a ciudadanos “que tengan una trayectoria, y sobre todo, independencia e imparcialidad”.
Recuperar institucionalidad. El presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Roberto Fulcar, reiteró la postura de que la principal tarea del país es recuperar la institucionalidad democrática, con procesos electorales justos, equilibrados y éticos. “Y eso solamente puede ser así con una JCE compuesta por personas que no sean dirigentes políticos, que tengan probada competencia y que sean probos”.
Fulcar insistió en que la actual JCE “es una entidad del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”. Cree que responde a sus intereses y solicitó que los requisitos de la JCE se apliquen en la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral y que se aprueben las leyes Electoral y de Partidos y el Código Electoral.