Santo Domingo.- Marcelo Hofke, el gerente general de la empresa Norberto Odebrecht en el país, entregó ayer a la Procuraduría General de la República cinco carpetas que contienen las relaciones contractuales de esa compañía con entidades del Estado dominicano.

Robert Valdez, abogado de Marcelo Hofke, dijo ayer que han cumplido “en tiempo, modo y contenido” el requerimiento hecho la pasada semana por el Procurador Jean Alain Rodríguez y la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.

Al igual que Hofke, el representante comercial de la empresa brasileña en el país, Ángel Rondón Rijo, depositó a través de sus abogados, los documentos que sustentan la recepción de US$92 millones como pago de honorarios por sus servicios ofrecidos al “gigante de la construcción”.

Valdez, quien aseguró haber cumplido con los requerimientos del órgano investigador, pidió dejar que las investigaciones sigan su curso.

“Lo que recomiendo es que ustedes esperen que se complete el proceso, una vez el proceso esté completado pueden tener una idea más terminada del asunto”, respondió a los medios de comunicación el representante legal de Odebrecht.

La pasada semana, el Procurador otorgó un plazo de tres días al gerente de Odebrecht para que le remitiera los contratos firmados en Brasil, así como los nombres de quienes recibieron el dinero para adjudicarles obras del Estado. Igual plazo fue otorgado a Rondón Rijo, quien es señalado como la persona que recibió los dólares para pagar las coimas. Ayer se comenzó a realizar interrogatorios a exfuncionarios públicos, en cuyas gestiones se contrataron los servicios de Odebrecht.

El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, fue el primero en ser llamado para ofrecer información respecto al contrato para la construcción de la hidroeléctrica de Palomino, ubicada entre las provincias San Juan y Azua.

Explicó que no se le solicitó documentación adicional sobre el proyecto que inicialmente fue para ejecutarse por US$255 millones, sino que todo versó respecto al contrato firmado en abril de 2005.

“Lo que quiero reiterar aquí es que fui bien tratado, que nosotros estamos en la disposición de colaborar con las autoridades en todo lo que la autoridad considere conveniente. Estamos a la disposición, somos en este caso un libro abierto, no tenemos nada que ocultar, no hemos hecho, que consideremos nosotros, nada malo”, refirió a su salida.