Santo Domingo.-  Por considerar que en el Consejo Estatal de Azúcar  ( CEA) se cometieron serias irregularidades que implican la venta de una misma parcela a varios dueños, la comisión designada por el presidente Danilo Medina recomendó ayer designar un nuevo director.

Puso el caso a disposición del ministerio público para que determine si quedó comprometida la responsabilidad penal de cualquier actor público o privado, con la finalidad de que actúe en consecuencia.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien encabeza la comisión que integran, además, Lidio Cadet y José Dantés, recomendó hacer un levantamiento de los bienes a cargo del CEA, informe que deberá ser entregado al mandatario.

“Que la nueva dirección del CEA sustituya la gerencia de la región Este y tome el control de la misma hasta instalar un nuevo personal que asuma la tarea de abordar los múltiples problemas que afectan la zona respecto a la compraventa de terrenos de la institución”, agrega la comisión designada por el presidente Danilo Medina.

Además, que la nueva dirección del CEA designe nuevos titulares en las gerencias inmobiliarias de la zona Este, Boca Chica y Hato Nuevo.

Entre las diez recomendaciones, la comisión evaluadora pide que se investigue la gerencia de crédito y cobros para aumentar la cobranza pendiente y que se evalúe el desempeño del personal en esas áreas para determinar los niveles de eficiencia.

Recomienda que sean rescindidos los contratos de ventas de terrenos que aún no hayan sido formalizados. La comisión evaluadora tiene un plazo de seis meses para hacer un inventario de los terrenos del CEA, con sus recomendaciones y conclusiones sobre la nueva misión de la institución, para lo cual se debe elaborar un proyecto de ley. Que una nueva dirección ejecutiva del CEA emprenda los profundos cambios que esta institución requiere para superar las debilidades institucionales y gerenciales crónicas que la afectan.

De acuerdo con las investigaciones, José Rodríguez, había invertido todo su capital en la compra de tres porciones de terreno por un valor de RD$627,739 y se vio afectado por dos años de procesos dilatorios, discrecionales e irregulares.