Lima.- El Congreso peruano aprobó con 111 votos a favor sin abstenciones ni en contra un dictamen que plantea la reforma del artículo 41 de la Constitución, para que no prescriban los casos graves o recurrentes de corrupción.
Hasta ahora, la norma solo establecía que el plazo de prescripción se duplicaba cuando los delitos eran cometidos contra el patrimonio del Estado.
Por tratarse de una reforma constitucional, hará falta una segunda votación confirmatoria. Tendrá que realizarse en la próxima legislatura, que arranca este 27 de julio.
La discusión sobre una medida de esta clase lleva años en un país como el Perú. La primera vez que quiso aprobarse fue en 2001, luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori en medio de una espiral de corrupción. Como se recuerda, el exasesor Vladimiro Montesinos se grabó a sí mismo entregando pilas de dinero estatal a militares, jueces, congresistas y hombres de negocios, y la publicación de estos vídeos acabó con el régimen al que servía. Entonces fueron presentados doce proyectos de ley, que fueron descartados uno a uno.
Tuvieron que pasar dieciséis años para que otro escándalo de sobornos y comisiones indebidas animara al Parlamento a tomar acciones. Como se sabe, el Perú es uno de los países involucrados en el caso Lava Jato, donde constructoras brasileñas repartieron millonarias coimas para hacerse con los principales contratos de obra pública. Según su delación premiada con la justicia estadounidense, solo Odebrecht repartió 29 millones de dólares para funcionarios públicos entre 2005 y 2014. Ahora mismo, el expresidente Alejandro Toledo es buscado por la justicia, por recibir 20 millones de dólares para ayudarla en la concesión de la Carretera Interoceánica, que une Perú con Brasil.
El fujimorista Miguel Torres, presidente de la comisión de Constitución, explicó que hará falta una ley para precisar a qué clase de ilícitos corresponderá la imprescriptibilidad. Añadió que hará falta una modificación al Código Penal.
La medida ha condensado iniciativas de distintas agrupaciones políticas, como Peruanos por el Kambio, el Frente Amplio y Acción Popular, y alcanzará a los funcionarios de gobierno y a los privados. Al no tener efectos retroactivos, no podrá ser aplicada a los empresarios y políticos involucrados en los chanchullos de Lava Jato.
Según el libro Historia de la corrupción en el Perú del historiador Alfonso Quiroz, el Perú es un país que convive desde sus albores con este flagelo. Calcular su impacto es difícil, pero solo durante el gobierno de Fujimori las cifras más conservadoras estiman que se robó 600 millones de dólares del erario público. Con esta modificación se espera reforzar la persecución de los funcionarios corruptos, acostumbrados a ampararse en la prescricpión de sus penas para evadir a la justicia. En la región, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia tienen normas similares.
