Santo Domingo.- Fue promulgada   por el Poder Ejecutivo la Ley 155-17 contra el Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, que sustituye y deroga la Ley 72-02 .

La pieza fue convertida en ley por el Senado el pasado miércoles, con la inclusión de las bancas de lotería y juegos de azar como sujetos a ser regulados y en cambio se dejaron afuera las cooperativas de ahorros y préstamos.

 

La ley aumenta los años de prisión a las personas que realicen el lavado de activos, al establecer una pena mínima de 10 años y duplica la penalidad económica, además del decomiso de los bienes.

En el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado de activos por acción u omisión, o que revelen información confidencial a terceros, la pena mínima pasará de 6 meses a 2 años. Esta nueva legislación constituye un gran avance al incorporar los nuevos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, según las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.

 

Entretanto, el presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas, Ricardo Nadal, dijo ayer que a esa entidad no le afecta que se le haya incluido en el proyecto contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo,  convertido en ley por el Congreso Nacional, porque la mayoría de sus miembros realizan operaciones por debajo de tres mil dólares, que es la suma mínima para ser regulados.

 

Asimismo, dijo que dijo que ahora están a la espera de la aprobación del proyecto de ley que crearía la Dirección Nacional de Juegos de Azar, el cual sería el inicio de la reorganización del tema en el país.

“Desde el 2011 nosotros habíamos solicitado la interconexión a los fines de la transparencia que deben tener estos negocios y ante el hecho de nuevas medidas impositivas que procuramos solicitar”, dijo Nadal, a través de la vía telefónica.

 

Precisó que esa inclusión confirma que ya ese sector está incluido dentro de los sujetos obligados, por medio de la resolución 104-17, del Ministerio de Hacienda.