SANTO DOMINGO.-Las oficinas de la Defensa Pública podrían cerrar sus puertas por falta de recursos y no asumir expedientes de personas que no pueden pagar abogados dijo Laura Hernández, directora del organismo.
Explicó que reclama una mayor asignación presupuestaria para poder continuar con la apertura de la defensoría en otros pueblos.
Explicó que para este año pretendían abrir oficinas en El Seibo, Nagua, Samaná, Jimaní, Las Matas de Farfán, Constanza, Dajabón y Santiago Rodríguez, pero que ante la carencia de recursos económicos se hace imposible.
Hernández Román dijo que cada año ingresan entre 25 a 26 mil expedientes y que los defensores públicos están sobrecargados por la falta de personal.
Dentro de esos expedientes figuran los casos de penal juvenil de los menores de edad que entran en conflicto con la ley.
Actualmente cuentan con 155 defensores públicos de carrera y 40 abogados contratados para ofrecer el servicio de asistencia legal a la población de escasos recursos económicos.
“La Defensa Pública para este año terminará con la misma carga de trabajo del año pasado”.
Dijo que cada caso que entra es una persona que por su situación no puede requerir de los servicios de un abogado privado.
Señaló que los defensores deben llevar los casos desde el inicio hasta la culminación y que eso incluye hasta la etapa de ejecución penal.
En esa etapa tienen defensores especializados.
Dijo que hasta los casos que son abandonados por los abogados privados entran a la defensoría pública, por lo que carecen de personal.
Sostuvo que en la jurisdicción penal juvenil lleva el 99 por ciento de los casos de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Manifestó que en la práctica por la falta de recursos económicos tienen los defensores muy sobrecargados.
Un defensor maneja entre 300 a 350 casos, cuando el máximo que un defensor maneje es de 200 casos o menos.
Dijo que necesitan 300 defensores más para enfrentar la carga de trabajo y abrir las oficinas que restan.
Sostuvo que son varios los Departamentos Judiciales que están sin defensores públicos, y que los lugares donde no hay oficinas existe un abogado contratado que trabaja a tiempo parcial y que esto no es el modelo más apropiado
Fuente: El Nacional
