San Cristóbal.- Por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, al perseguir el pago de 300,000 pesos para dictar una sentencia en contra de Celso Marranzini y la empresa Multiquimica Dominicana fue destituida la jueza de la Segunda Sala Penal de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno.
El Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, declaró culpable a la magistrada Vizcaíno, y en consecuencia la destituyó del cargo por violar el artículo 66, numerales 1, 2 y 7 de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial.
El tribunal, integrado además por los consejeros Sarah Enrique Marín, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo, durante un juicio disciplinario encontró culpable a la jueza, también de violar los principios de conciencia funcional e institucional, honestidad, imparcialidad judicial y prudencia del Código del Comportamiento Ético del Poder Judicial.
La denuncia en contra de la jueza destituida fue presentada por Marranzini, a través de sus abogados Guillermo Sterling y Manuel Fermín, en ocasión de una acción de amparo interpuesta en su contra, para lo cual Jeudi Paredes, seguridad personal de la jueza, cobraría los RD$300,
La denuncia en contra de la jueza destituida fue presentada por Marranzini, a través de sus abogados Guillermo Sterling y Manuel Fermín, en ocasión de una acción de amparo interpuesta en su contra, para lo cual Jeudi Paredes, seguridad personal de la jueza, cobraría los RD$300,000 para fallar en su contra, cuya partida sería dividida en partes porcentuales de un 60 para ella y un 40 para él.
Otras acusaciones
También se le acusó de conocer el proceso seguido en contra de la empresa Casa de Cambio Hermanos Solanos, el 8 de junio del 2016, sin la presencia del Ministerio Público, a pesar de éste haber solicitado unos minutos para presentarse al tribunal.
Igualmente de levantar la inmovilización de bienes a Martin de los Santos Perdomo, el 25 de abril del 2016, la cual fue ordenada mediante resolución, del 24 de abril del 2016, dictada por el juez José Eliseo Pérez, de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En marzo del 2009, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, había ordenado al Departamento de Inspectoría Judicial investigar las actuaciones de la jueza de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, Carvajal Vizcaíno, a quien se atribuía ser complaciente con los acusados de narcotráfico.
Días antes de anunciarse que se le investigaba, Carvajal Vizcaíno había favorecido con una fianza de tres millones de pesos a Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), posteriormente condenado a 30 años de prisión por el asesinato del español Gustavo Adolfo Cervantes (Waikiki)
Fuente: Listin Diario
