YAGUATE.-  El Ayuntamiento del municipio de Yaguate   hizo un aporte  para la realización del II Torneo de Baloncesto Superior de la comunidad de las Mercedes.

El donativo forma parte del programa que lleva a cabo la alcaldesa doña Rosa Peña de Lluberes con el objetivo de contribuir con las actividades deportivas y recreativas de esta población.

Dijo  la ejecutiva municipal que una de las principales metas es  el  sano entretenimiento de la juventud  y significó que desde la corporación edilicia se respaldan todas las actividades deportivas, culturales, educativas y recreativas.

Agregó que los recursos invertidos en actividades dirigidas a la  juventud son  frutos se pueden evidenciar a corto, mediano y largo plazo y  se devuelven en paz, salud, seguridad y bienestar en la población.

La entrega de los cuarenta mil pesos la hizo  Ernesto Ramírez, tesorero municipal,  fue recibido por Alexis Cuevas, presidente del comité organizador  del torneo quien ponderó el trabajo que desde Ayuntamiento se realiza a favor de la juventud.

Santo Domingo.- Con el objetivo de erradicar la impunidad, Juristas y organizaciones de la sociedad civil plantearon la necesidad de aplicar medidas que garanticen la sanciones y el cumplimiento de las leyes.

Dentro de ellas se habla de una cumbre especial para consensuar políticas contra la corrupción y la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para suplir las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) favoreció la celebración de una cumbre con el objetivo de evaluar, consensuar y presentar correctivos a los recientes reclamos cívicos, donde se acuerden los cambios y las reformas institucionales necesarias para garantizar un combate eficiente en contra de la corrupción.

La entidad de sociedad civil afirmó que es necesario el establecimiento de un régimen de consecuencias, con autoridades autónomas e independientes y en capacidad de desterrar la impunidad.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, llamó a la clase política, y en especial a los que gobiernan, a reflexionar sobre el despertar cívico que hoy mantiene a miles de dominicanos protestando por la corrupción sistémica que arropa el país.

Dentro de las reformas a consensuar, Vidal Potentini destacó la necesidad de legislar para instaurar la muerte civil y la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción administrativa, dotando al país con ello de herramientas eficaces para el combate y lucha contra la corrupción.

De acuerdo con la propuesta de la entidad, a todo aquel que sea condenado por corrupción en el manejo de la cosa pública se le debe inhabilitar de por vida para el desempeño de cualquier función pública.

Para el jurista José Alejandro Ayuso, el cese de la impunidad sólo se garantiza con el estricto cumplimiento de la Constitución y la generación de confianza en el sistema político dominicano.

Ayuso argumentó que es momento de reforzar la institucionalidad del país y la propuesta de una cumbre no va en esa dirección.

“Es mejor dar un voto de confianza al Ministerio Público y al Procurador que lucen estar haciendo su trabajo. Cualquier diálogo con la sociedad civil y/o la oposición que se canalice por el Consejo Económico y Social que es un órgano constitucional”, indicó.

Afirmó que los funcionarios públicos deben asumir que la Constitución establece límites al ejercicio del poder. Sostuvo que es un deber fundamental de toda persona acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y que esta ley de leyes proscribe y sanciona la corrupción administrativa.

“La confianza de la ciudadanía en los actores del sistema político se obtendrá cuando estos, sean de elección popular o por designación indirecta, sean personas honestas, capacitadas y con vocación de servicio público, y no el estándar del político criollo que, con excepciones que confirman la regla, utilizan el ejercicio del poder para provecho propio”, expuso.

Santo Domingo.-El director ejecutivo del Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), doctor Miguel Montalvo advirtió  que los numerosos tratamientos que se ofertan en el país en base a células madres carecen de sustentación científica.

En tal sentido, la titular de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), Karina Mena, informó que ya está en manos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo una propuesta de reglamento para normatizar la situación.

Al respecto, el director del Conabios dice que pululan las ofertas de tratamientos con células madre, a pesar de que se le ha advertido a la población la falta de estudios concluyentes en la materia.

Montalvo aseguró que ninguno de esos tratamientos ha sido aceptado nacional e internacionalmente, por lo que tampoco se reconocen en el país. No se conoce su eficacia, insistió

De su lado, el doctor Julio Amado Castanos Guzmán, hematólogo, pidió a las autoridades de Salud Pública del país que pongan atención a instituciones locales y extranjeras que están aplicando tratamientos con el supuesto uso de células madre.

Ya es frecuente que en los medios de comunicación se estén promocionando y haciendo llamados a la ciudadanía para que acuda a recibir tratamientos para un grupo amplio de enfermedades crónicas, degenerativas, cáncer y de otros tipos. Asimismo, se realizan tratamientos con fines de aplicarles estas terapias, las cuales no están aún probadas, no son seguras ni efectivas para las enfermedades que promocionan curar.

Se trata de una propuesta engañosa, la cual encuentra audiencia en personas quizás desesperadas por su enfermedad y acuden como corderos donde estos comerciantes y son timadas y engañadas.El hematólogo Castaños Guzmán asegura que las terapias biológicas son limitadas a enfermedades muy específicas en el área de hematología.

Caracas.- Catalogado como un zarpazo al estado de derecho en Venezuela fueron las consideraciones externadas por la oposición en ese país luego de la  decisión del Tribunal Supremo de Justicia  de asumir las competencias del Congreso  y desencadenó ayer una avalancha de críticas  de varios países de la región contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La sorpresiva sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país sudamericano.                 

En el fallo, que fue difundido la noche del miércoles, el Tribunal resolvió que "mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga".                    

En enero de 2016, y tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.          

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que "en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado". A su vez, el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que "ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela".         

El fallo se dio a conocer un día después de que los países miembros de la OEA se reunieran en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.                    

"Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un "auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional".                  

Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que "debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio".              

No hubo consenso sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela, pero la sesión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno entable un diálogo.                   

El departamento de Estado estadounidense condenó la decisión del Tribunal Supremo de asumir las responsabilidades del Congreso y advirtió que debilita a las instituciones democráticas.               

A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Donald Trump agregó que esta medida "usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos democráticamente" y niega al pueblo venezolano el derecho a moldear el futuro de su país a través de los representantes electos.                    

Horas antes, el gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que "constituye una ruptura del orden constitucional y democrático " y en consecuencia decidió "retirar de manera definitiva a su embajador".          

En la que fue la primera reacción del gobierno venezolano, la canciller Delcy Rodríguez, sin mencionar la sentencia, rechazó categóricamente el "comunicado injerencista del gobierno del Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana".            

Panamá y México también expresaron "su profunda preocupación" por las recientes decisiones del máximo tribunal. El gobierno mexicano además reiteró lo manifestado en una declaración divulgada la semana pasada por un grupo de 14 países, incluyendo los Estados Unidos, en la que pidieron elecciones inmediatas, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional para resolver "el estancamiento" de la crítica situación en Venezuela.           

La canciller colombiana, Maria Angela Holguin, resaltó la importancia del "respeto por la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia", mientras que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski escribió "América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela" en su cuenta de Twitter.                 

Eric Olson, director asociado del programa latinoamericano del Wilson Center, evitó catalogar el acto judicial como un golpe de Estado, pero afirmó que deja en evidencia la ausencia de separación de poderes en el país. "No quiero usar ese término porque tiene muchas connotaciones pero es bien claro que la democracia en Venezuela está totalmente desacreditada y ya no hay instituciones independientes", dijo Olson.

"No sé si esta es la gota que derrama el vaso, pero sí es otro argumento a favor de que ya no hay espacios y que la comunidad internacional tome algunos pasos", agregó.                   

Santo Domingo.- La jueza de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, Margarita Cristo  Cristo fue destituida por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), al se encontrada culpable de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

La destitución de Cristo Cristo, está  contenida en la resolución número 06/2017, la cual declara a la magistrada culpable de violar los artículos 44, numeral 10: 66, numerales 2, 7 y 15 de la ley 327-98 sobre Carrera Judicial.

De acuerdo  con una nota de prensa, también establece que ella faltó a los principios del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, como son el de conciencia funcional e institucional, equidad, honradez, imparcialidad administrativa, imparcialidad judicial, legalidad, prudencia y responsabilidad.

El Consejo  del Poder Judicial también planteó que la jueza infringió el Código de Iberoamericano de Ética Judicial, en sus artículos 10, 11 y 12 sobre imparcialidad judicial; el 54 sobre integridad; el 62 sobre secreto profesional, y el 69 sobre prudencia.

La medida fue adoptada por el presidente del CPJ y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía; los consejeros Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo.

Santo Domingo.- El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dijo que con sus declaraciones de anoche el ministro de Educación, Andrés Navarro, rompe la paz laboral que se había consolidado en el sector desde hace 15 días cuando firmaron el acuerdo.

Eduardo Hidalgo dijo que al día de hoy, de las 155 seccionales, solo en una no se está laborando y no es la de Barahona.

Asegura que lo único que ha hecho la ADP en estos días es pedir la revisión de la sentencia de “marras” contra la seccional de Barahona.

“Nosotros no estamos paralizando las clases, ni haciendo vigilias , ni ningún otro tipo de acción, simplemente nos hemos acogido a la ley e ir al Tribunal Constitucional a apelar la sentencia”, dijo Higaldo.

Entiende el presidente de la ADP que eso no es razón para que el ministro Navarro se ponga guapo.

Le reconoce su derecho a romper el diálogo, pero no el acuerdo que firmaron el pasado 15 de este mes.

SANTO DOMINGO.-Ante las críticas de la sociedad por el aumento de los hechos de violencia que se registran en gran parte del país los ministerios de Interior y Policía, Defensa y la Policía Nacional anunciaron la implementación de un operativo conjunto que contempla el patrullaje de todas las fuerzas especializadas de los organismos de seguridad del Estado, con miras a reducir la delincuencia a “a su mínima expresión” y garantizar la seguridad ciudadana.

El operativo, que se iniciará a las 5:00 a.m. de este viernes 31, contempla la participación de las unidades de los SWAT, los Lince y los Topos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Además, trabajarán los organismos de inteligencia de las cuatro instituciones de las Fuerzas Armadas, así como del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y el departamento de inteligencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La información fue ofrecida en rueda de prensa conjunta celebrada en el Ministerio de Defensa, por los ministros Carlos Amarante Baret, de Interior y Policía; y Rubén Darío Paulino Sem, de Defensa; junto al director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes.

Otras medidas

Entre las medidas anunciadas, además del patrullaje mixto, está el establecimiento de puestos de chequeos aleatorios (retenes), según el mapa de delincuencia y criminalidad que tienen en su poder y en estos puntos las unidades de las Fuerzas Armadas trabajarán en conjunto con la Policía, revisando los vehículos y poniendo énfasis especial en las motocicletas “según el perfil de los vehículos y personas sospechosas” que manejan.

Rubén Paulino Sem dijo también que se reforzará la presencia militar en las estaciones del Metro donde más personas concurren, en coordinación con los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro (CESMET).

Mientras que el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, dijo que desde el Gobierno comparten la preocupación legítima de la población respecto al auge de la delincuencia, “cuya mayor expresión son los atracos a mano armada desde motocicletas”.

Dijo que el Gobierno está respondiendo y que los hombres y mujeres de la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, no tendrán contemplaciones ante el delito violento; los delincuentes no tienen derecho a mantener en zozobra a la población. Ellos serán acosados y perseguidos por las fuerzas del orden hasta lograr reducir al mínimo la delincuencia en el país”, afirmó Amarante Baret.

Planteó que las medidas anunciadas para el combate a la delincuencia van más allá de las medidas anunciadas en la rueda de prensa de ayer. “Estamos trabajando para hacer sostenible una política de seguridad ciudadana que garantice la convivencia pacífica y la tranquilidad ciudadana en el tiempo”, agregó.

Mientras que el director de la Policía, informó que la institución realizó un mapeo con las zonas donde se concentra la mayor cantidad de hechos delictivos y será ahí donde se concentrará el patrullaje.

“Conocemos que si atacamos en un lugar, la delincuencia se mueve hacia otro lado, por eso no estaremos estáticos, seremos itinerantes, agregó Peguero Paredes, quien reveló que el presidente Danilo Medina le ordenó llevar a cabo acciones contundentes para garantizar la seguridad ciudadana, a propósito de los últimos hechos violentos acaecidos en el Distrito Nacional.