La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes alinearse con la petición de la  Administración de Donald Trump de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un fallo que otorga una victoria para el mandatario y que podría repercutir en decenas de demandas contra las políticas del republicano.

Con una mayoría conservadora de 6 a 3, la decisión no se refiere a los méritos del decreto en sí, que busca restringir el derecho automático de ciudadanía estadounidense establecido en la Constitución y negarlo a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

En su lugar, el fallo se limita a la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.

Específicamente, evalúa los bloqueos nacionales temporales a la orden de Trump por parte de tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron en decisiones separadas que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Constitución.

Según expertos, este retraso podría ofrecer un margen para que los querellantes consideren presentar demandas colectivas en lugar de individuales como otra vía de impugnar la orden ejecutiva de Trump.

Unos 255.000 bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute. Detractores de Trump y expertos legales señalan que este es un derecho constitucional entronizado en la Enmienda 14 y no puede ser derogado por una orden presidencial.

El partido Fuerza del Pueblo (FP) aseguró este miércoles que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) atraviesa en la actualidad una grave crisis financiera y gerencial.

Esta situación, según la FP, amenaza la sostenibilidad de la salud de los dominicanos, ya que se registran limitación de la cobertura, tardanzas en la autorización de medicamentos, insumos, estudios diagnósticos y procedimientos.

Al igual que aumentos en el déficit financiero de los establecimientos públicos de salud, colocando en peligro de quiebra “a muchos prestadores privados por morosidad en los pagos”.

El artículo 158 de la ley 87-01 de Seguridad Social establece que cuando el Seguro Nacional de Salud (SNS) o una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública, privada o mixta, se encuentren en una situación en la cual no garantice su adecuado funcionamiento la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales podrá asumirla para aplicar los correctivos correspondientes.

Es por esta razón que las Secretarias de Salud y Seguridad Social de la FP le solicitaron al presidente Luis Abinader intervenir Senasa para revirtir las problemáticas antes mencionados.

Esto permitiría, de acuerdo con el alegato del partido político opositor, que esa institución sea reconocida, como ocurría en gobiernos del pasado, “por su modelo de gestión”.