CARACAS (AP).- Venezuela solicitará a Naciones Unidas la creación de una comisión independiente para investigar el supuesto atentado con drones que sufrió en agosto el presidente Nicolás Maduro y la presunta participación de diplomáticos extranjeros en el hecho.
Durante un acto en el palacio de gobierno, el mandatario aseveró el lunes, tras mostrar videos de dos de los detenidos, que uno de los implicados confesó que recibieron asistencia de funcionarios diplomáticos de Chile, Colombia y México.
“Tenemos elementos de convicción de la participación de diplomáticos de Chile, Colombia y México en la protección de estos sectores que ejecutaron el acto terrorista”, agregó.
Maduro se refirió de manera expresa a Chile y dijo que “está bien embarrado en esta operación”.
Colombia, Chile y México rechazaron la víspera tales señalamientos hechos previamente por el ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez y ratificaron su respeto al derecho internacional.
El gobierno colombiano expresó en un comunicado su preocupación por las “repercusiones que en materia de seguridad” pudiesen tener los señalamientos sobre el personal diplomático y consular destacado en Venezuela.
Venezuela manifestó el lunes en un comunicado que en sus declaraciones, los tres gobiernos tienden a “victimizarse y a responder con expresiones destempladas, fuera de toda mesura diplomática”.
“La reacción de negación a priori observada por los gobiernos de Colombia, Chile y México pareciera más bien una huida hacia adelante, cuyo análisis elemental lleva a prefigurar total desinterés hacia cualquier investigación objetiva con el propósito de ocultar vínculos y responsabilidades”, señaló el escrito.
Desde Nueva York, el canciller venezolano Jorge Arreaza pidió a los gobiernos de Chile, Colombia y México que abran una investigación para aclarar “si hubo o no participación de algún funcionario puntual, individual, de sus embajadas, en los planes de fuga de los terroristas en Venezuela”.
En declaraciones a periodistas, Arreaza indicó que uno de los implicados confesó que “en su plan de fuga, se le recomendó acudir a la embajada de Chile, que le iban a ayudar a salir de Venezuela, o a la embajada de Colombia o a la embajada de México”.
Las autoridades detuvieron el 22 de septiembre a Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, al coronel retirado Ramón Santiago García y a Henry Rivas por su participación en el supuesto atentado del 4 de agosto contra Maduro durante un desfile militar en el centro de la capital.
Por el ataque con drones que sufrió Maduro han sido detenidas unas 17 personas, entre ellas dos generales y un coronel, todos de la Guardia Nacional, y el diputado opositor Juan Requesens, y se solicitó a Estados Unidos, Colombia y Perú la extradición de algunos de los supuestos implicados, entre quienes se incluye el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien se encuentra en Bogotá.
Desde Nueva York, el presidente de Colombia, Iván Duque, descartó que su gobierno vaya a extraditar a Borges, y dijo a la prensa que “seguimos pidiendo por la libertad de los presos políticos, y seguimos pidiendo porque haya un verdadero y efectivo camino a una transición democrática que le devuelva las libertades a todo un pueblo”.
En la supuesta acción contra Maduro se emplearon dos drones con cargas explosivas. Uno de los aparatos voló cerca de la tribuna presidencial y fue desorientado con equipos inhibidores de señales activados por las autoridades, mientras que el segundo perdió el control y cayó en un edificio cercano al lugar del desfile, según el gobierno.