El ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus (COVID-19), Gustavo Montalvo informó que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) acordó con las administradoras de riesgos de salud y la Asociación de Clínicas Privadas, beneficiar con tarifas mejoradas a médicos especialistas infectólogos con el incremento de sus honorarios, de 800 pesos a 2000 pesos por paciente por día, como ya se había acordado previamente para internistas, neumólogos e intensivistas.
“Esto quiere decir que, en lo adelante, tendrán un aumento de entre RD$800 y RD$2,000 pesos al día por cada paciente que atiendan directamente en áreas de aislamiento, igual al que ya reciben los internistas, intensivistas y neumólogos”.
Indicó que también se incluyó un incremento a todo especialista que realice interconsultas a estos pacientes internos en aislamiento por COVID-19, de los 800 pesos actuales a 1500 pesos por día y por paciente.
“Estas tarifas están vigentes desde el primero de abril y por 90 días más”.
Recomendaciones Comisión de Veeduría para el COVID-19
Además de dar a conocer las nuevas maneras de compensar el esfuerzo de los profesionales de la salud que dan atención directa a los pacientes internos en aislamiento por COVID-19, el ministro de la Presidencia aclaró varios aspectos de unas recomendaciones de la Comisión de Veeduría que supervisan las compras y contrataciones declaradas de emergencia.
“En primer lugar la comisión señala que había falta de unidad de criterios para los plazos reducidos en las publicaciones para presentación de ofertas. Acogiendo esta recomendación hemos establecido un plazo mínimo de 48 horas para el conjunto de las ofertas”.
Señaló, sin embargo, que la mayoría de procesos están publicados entre dos y 8 días y que de los cinco donde la comisión señala que el plazo fue más corto, la ley permite plazos más cortos.
Con relación a las consideraciones de la comisión de que no están subiendo las informaciones según el cronograma de cada proceso, destacó que “los cronogramas están todos disponibles y también en la mayoría estaban todos los documentos, excepto la recepción de ofertas”.
“Lo segundo, que en los procedimientos de emergencia, lo legal es publicar los requerimientos de compras o contratación, y los documentos que justifiquen el uso de la excepción a ser llevados a cabo y en todos se ha cumplido con esta formalidad. La otra formalidad de publicidad es la presentación de un informe detallado 15 días calendario después de concluida la emergencia. No antes”.
Sobre el tercer punto que señalan los veedores de que en los informes finales en su mayoría no se detalla el criterio por el que fueron seleccionadas las empresas adjudicadas, afirmó que “como cualquiera puede comprobar, sí consta en cada proceso el informe de adjudicación que explica si la empresa cumple o no con las especificaciones exigidas y las razones por las que fueron adjudicadas”.
“Lo que presenta cierto retraso es que en algunos casos no se publica un acta como tal, sino que se publica como acta de adjudicación el informe final de evaluación, y en otros aún no está disponible”.
Llamado a proveer toda la información disponible, aún la no requerida por la Ley
En ese contexto, aclaró que “no estamos ante una infracción a la Ley o al Reglamento. Lo que tenemos es una solicitud especial que hacemos tanto a instituciones como empresas de que provean toda la información posible, aún la no requerida estrictamente por la ley, para aumentar la transparencia en cada fase del proceso, en un procedimiento de excepción de emergencia”.
Lamenta interpretaciones malintencionadas a través de redes sociales
Gustavo Montalvo aclaró que en ningún caso se puede hablar de infracción o de faltas a la legalidad por parte de las instituciones adquirientes y lamentó las interpretaciones malintencionadas en redes sociales intentando que así parezca.
