Santo Domingo.- El Ministerio Público sufrió otro revés en el juicio de fondo del caso Odebrecht, pues el acuerdo donde la constructora admitió que pagó sobornos a cambio de obras públicas en varios países incluyendo República Dominicana fue excluido del proceso por el tribunal que conoce el caso.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, también excluyeron del juicio el acuerdo de Lenidad de Brasil, con el cual se remitieron documentos del caso entre el Ministerio Público de ese país y el dominicano.
La decisión de las magistradas de no admitir estas pruebas calves del Ministerio Público se basó en que el órgano acusador no depositó la traducción al español de estos documentos que están en portugués, como lo establece el Código Procesal Penal, por lo que explicaron su incorporación al juicio es imposible.
La exclusión de estas dos pruebas surge a raíz de una objeción que interpuso la defensa de Andrés Bautista, a la que sumaron los defensores de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.
Al respecto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que la prueba más importante en este momento son las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht, las cuales no fueron excluidas.
“En este punto donde está el proceso, la evidencia más importante son las delaciones, esas delaciones son las que contienen las versiones de los colabores en Brasil, todas y cada una de esas delaciones están debidamente traducidas al español y deberán ser incorporadas por el tribunal a este proceso”, expresó ante las preguntas de los periodistas que cubren el juicio.
Sobre la exclusión del acuerdo de admisión de culpabilidad de Odebrecht y el de Lenidad de Brasil, el procurador adjunto afirmó que presentarán un recurso de oposición mañana para que el tribunal cambie de decisión y, agregó, que está convencido de que las juezas se retratarán.
Para los abogados de Díaz Rúa y Rondón el Ministerio Público debería retirar la acusación en contra de los seis imputados, pues, dijeron no hay posibilidad de sustentarla.
“Ahora el instrumento de cooperación judicial de las 700 pruebas que dijo el Ministerio Público que iba a cerdita hoy parecería que se deberían ir todas por el efecto reflejo de esa prueba, de que no hay acuerdo de lenidad… en términos reales no hay ahora mismo una cooperación judicial que sustente la petición del Ministerio Público en cuanto a soborno, no hay, no existe en el tribunal”, manifestó el abogado de Díaz Rúa, Miguel Valerio.
De su lado, el togado José Miguel Minier, defensor de Rondón, este proceso es un circo y debe de acabarse.
El tribunal no excluyó las declaraciones del empleado 1 y de Marcos Vansconcelos Cruz (gerente de Odebrecht), con sus respectivos datos de corroboración, pues están debidamente traducidos.
De acuerdo a la acusación, con estos documentos el Ministerio Público quiere probar que mediante el acuerdo de lenidad entre el Ministro Público de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y la Procuraduría General de Suiza, la razón social Constructora Norberto Odebrecht, admitió que durante el periodo comprendido entre los años 2001 al 2014 realizó pagos en distintos países, entre los se encuentra República Dominicana, a través de intermediarios y funcionarios públicos de los gobiernos, con el fin de facilitar o asegurar la adjudicación de ciertos contratos de construcción de obras de infraestructura.
También, que en virtud de estos acuerdos fueron remitidos al Ministerio Público dominicano el listado de declaraciones (delaciones) de los empleados de Odebrecht en las que estos describen la participación individual de cada uno de los empleados en este proceso, en el esquema de soborno auspiciado por la constructora.
El juicio continua mañana en la mañana, donde el Ministerio Público tendrá la oportunidad de recurso en posición para tratar de que el tribunal cambie de oposición.
De su lado, las defensas de los imputados adelantaron que recurrirán también en oposición para que las juezas excluyeran las delaciones premiadas, como solicitaron en principio junto a las otras pruebas.
