La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que descargo a Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón, en el caso Odebrechet, estableció la importancia de una reforma legal, procesal y técnica para mejorar la lucha contra la corrupción en el país y evitar que esos casos se caigan en los tribunales como ocurrió en Súper Tucano y Los Tres Brazos, que fueron declarados extinguidos.

El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Fran Soto, Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, plantea que la falta de pruebas suficientes en este caso, llama al ministerio público a realizar investigaciones exhaustivas y bien fundamentadas para asegurar que los responsables de actos de corrupción sean efectivamente sancionados.

El fallo reafirma que no se puede condenar a una persona sin evidencia concreta que demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, un principio fundamental para garantizar la justicia y proteger los derechos de los acusados.

Sobre el caso, la Sala subrayó que la interpretación errónea de las pruebas por parte de los tribunales inferiores contribuyó a las decisiones judiciales previas, lo que requirió su revisión y corrección.

El fallo de la Segunda Sala en el caso Odebrecht tiene importantes implicaciones para el sistema legal dominicano y para la lucha contra la corrupción en el país.