El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) sostuvo que el colapso de la justicia penal en el país responde al uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces y al déficit presupuestario crónico que afecta al Poder Judicial.

Los abogados que integran el instituto fijaron su posición tras las recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, quien admitió el "colapso total" del sistema de justicia penal en la República Dominicana.

Si bien el IDDP coincide parcialmente con el diagnóstico del magistrado Molina, los juristas que integran su Dirección Ejecutiva señalaron que el titular del Poder Judicial omitió las causas estructurales y de fondo que han provocado esta crisis.

Para el jurista Carlos Balcácer, miembro de la entidad, uno de los factores determinantes del colapso es la "cultura de la prisión preventiva" que impera en las Oficinas de Servicios de Atención Permanente de todo el país.

Balcácer sostiene que este fenómeno se debe a que el Ministerio Público solicita de forma sistemática la medida de coerción más gravosa.

Según indicó, esto satura el sistema con una multiplicidad de trámites procesales, como apelaciones, revisiones y peticiones que consumen tiempo vital que debería destinarse a administrar justicia, incluso en procesos de baja lesividad social.