El movimiento cívico Participación Ciudadana pidió este miércoles sea reformada la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), asegurando que es inconstitucional la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial.

A través de un comunicado, la organización estableció que los agentes del DNI no poseen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas, sin obtener previamente autorización de un juez, estando o no la referida Ley.

En ese sentido, indicó que la Ley debe ser reformada para que sea incluida la obligación de obtener la autorización de un juez al momento de requerir alguna información.

“La Ley no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes”, comunicó la organización.

Asimismo, manifestó estar convencidos de que el Tribunal Constitucional (TC), confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales.

Participación Ciudadana pidió que sean revisados los artículos 11, 26 y 30 de la Ley, con el propósito de que sea esclarecido que las sanciones no aplican si no se ha cumplido con la obligación de obtener autorización judicial previa.

Respecto al Ministerio Público, resaltó que la actuación del DNI no puede interferir con las del órgano persecutor, por lo que consideraron necesario en la Ley “una mayor claridad” en la relación de ambas entidades.

La organización cívica agregó que el uso del debate que se ha creado en torno a la ley para fines electorales no contribuyen a la conciencia ciudadana y a la democracia, por lo que los partidos deben asumir su responsabilidad en las críticas.