El Gobierno dominicano presentó el protocolo general para el inicio del año escolar 2021-2022, el cual establece las medidas sanitarias preventivas, operativas y de seguimiento para los miembros de la comunidad educativa compuesta por estudiantes, docentes, personal directivo, administrativo, coordinador, de apoyo y familias en general, en procura de un año escolar con riesgos reducidos ante la incidencia de la COVID-19.

El ministro de Educación Roberto Fulcar, dijo que este protocolo implica un proceso de seguimiento continuo a partir de los indicadores sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

A partir de parámetros claves explícitos, se garantizan condiciones seguras para el retorno a la práctica educativa en los centros.

Involucran la planta física, la dotación de equipos, suministros y materiales gastables, así como pautas e informaciones fundamentales para el personal del centro, los estudiantes y sus familias.

A fin de velar por el distanciamiento en las aulas u otros espacios en los centros educativos, se debe disponer de 1.5 metros de distancia por estudiante. También es necesario garantizar ventilación natural en las aulas, así como trabajar en espacios abiertos, cuando las condiciones del clima lo permitan, cuidando siempre la seguridad de los estudiantes, especialmente los de menor edad, o que presenten alguna discapacidad.

Los baños deben igualmente contar con medios de secado de manos, así como zafacones cuyas tapas no tengan que ser manipuladas.

En el momento de la merienda y el almuerzo escolar se priorizará la entrega de alimentos envasados para limitar los riesgos en la manipulación.

El personal debe disponer de lavamanos identificados, gel, alcohol y cubreboca; además se requiere identificar la capacidad máxima de cupo en las diferentes áreas, las cuales deben ser sometidas a limpieza y desinfección profunda antes y después de ser usadas.

Asimismo, cada quien llevará mascarilla en todo momento y se evitarán los saludos con contacto físico. Los directores de cada centro son responsables de velar por el cumplimiento de las estrategias de bioseguridad, respecto al COVID-19.