Con una exhaustiva contribución del Ayuntamientos de este municipio, la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Presencia (PROPEEP) inauguró este martes el Paseo de los Colores en esta ciudad.

En la obra, que tiene de escenario el parque Aniceto Martínez, se resalta parte de la historia y la cultura de la provincia de San Cristóbal.

La inauguración contó con la presencia del Director del PROPEEP, Robert Polanco, Directores, Encargados y Colaboradores del cabildo local.

Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargos a nombre del Alcalde Nelson de la Rosa, de Yoselin Martínez, Directora Administrativa del Ayuntamiento.

Luego le procedió Polanco, quien exhortó a la familia sancristobalences apoyar tan destacada obra con su presencia masiva al parque Aniceto Martínez.

Con el Paseo de los Colores, el lugar de esparcimiento recobra vida y un hermoso color a la vista de los asistentes.

De acuerdo con la orden de arresto contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, este sostuvo un encuentro el 13 de marzo con el exgerente de servicio al usuario del Senasa, Roberto Canaán, en el parqueo de un reconocido establecimiento comercial, donde supuestamente utilizó información privilegiada para coaccionarlo.

Según el relato del Ministerio Público, liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de persecución del Ministerio Público, el fiscal exigió inicialmente US$200,000 dólares para alterar el curso de una investigación.

Tras una negociación, la suma se redujo a US$150,000, pero con exigencias adicionales: un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz, modelo 350 o 450, de color negro. El informe señala que el investigado rechazó ofertas de vehículos de menor gama, como Volvo o Mazda.

El Ministerio Público sostiene que el fiscal mantuvo una "coacción continuada" mediante llamadas telefónicas, presionando al testigo con frases como "¿Para cuándo está la cosa?".

Valdez Alcántara habría fijado el 24 de marzo como fecha límite para el pago, advirtiendo que, de no cumplir, procedería con la judicialización del caso del testigo.

Dada la investidura del investigado y el riesgo de que se destruyan evidencias, la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz Almonte, autorizó el allanamiento en el domicilio del fiscal, ubicado en el Residencial Amanda II, Santo Domingo Este.

El fiscal enfrenta cargos preliminares por violación a los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano (relativos a la corrupción y cohecho) y múltiples artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.