Después de completarse el pedido de prisión preventiva contra cinco de 11 imputados de casos de corrupción contra el erario del Estado, el juez José Alejandro Vargas recesó para este lunes, a las dos de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción en contra de imputados del operativo del Ministerio Público denominado Operación Anti Pulpo.

Esta decisión del magistrado fue tomada tras 14 horas de la audiencia, donde tanto la defensa de los acusados, como el Ministerio Público, expusieron sus argumentos sobre el supuesto caso de corrupción y desfalco al Estado por parte de exfuncionarios y exproveedores del Gobierno.

El Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa; para el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez, ambos a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Sancristobalense, y para el acusado de testaferrato, José Dolores Santana Carmona.

Igualmente pidieron un año para la exvicepresidenta del Fonper, y hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, aunque en el caso de esta imputada la penitenciaria seleccionada para cumplir su medida es Najayo Mujeres.

El pedido de encierro preventivo está dirigido contra los exfuncionarios Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

En la audiencia, los abogados de los imputados, doctores Carlos Salcedo, Thiago Rodríguez, Wendy Lora, José Miguel Minier, Jovanny Tejada, Cándido Simón Polanco, Carlos Novas, Juan Félix Núñez, Ramón Peralta, Joselyn Gutiérrez, Marino Féliz, Manuela Ramírez y Joaquín Zapata, y otros, habían pedido al tribunal rechazar la prisión preventiva e imponer una medida menos gravosa para los encartados.

Durante la lectura de la acusación, el abogado Marino Feliz, que junto a Manuela Ramírez asume la defensa de Santiago Muñoz, había pedido al tribunal dar por leída la misma, la cual consta de 266 páginas y sólo se concluyera con el pedimento, pero esa petición encontró oposición por parte del magistrado Wilson Camacho, por lo que el abogado dejó sin efecto su pedimento.

Previo a la presentación de la lectura de la acusación de la medida de coerción, el juez dispuso la fusión del expediente del imputado Wacal Vernavel Méndez Pineda con el de los primeros 10 detenidos por el Ministerio Público en el expediente de corrupción administrativa derivado de la Operación Anti Pulpo.

Vargas adoptó la decisión tras acoger un pedimento de Berenice Reynoso, quien alegó principios de racionalidad y economía procesal, mientras rechazó el aplazamiento de la medida, al entender que no debía alargarse la definición de la situación jurídica de quienes guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo cargos de corrupción administrativa.

“Tratemos de que esto transcurra de la manera más tranquila y pacífica posible para que podamos concluir, porque yo quiero que concluyamos hoy, y no quiero que sea después de las 7:00 de la noche porque yo no tengo permiso, y uno sale después de las 7:00 de la noche y lo agarran los policías y trancan a uno por violar el toque de queda y sale al otro día”, comentó Vargas.

Berenice Reynoso dejó claro que no fue al tribunal a perder tiempo y que la barra del Ministerio Público acudió a la sala de audiencia a discutir de derecho.

“Caramba, esto debe ser técnico, por Diossss”, dijo cuándo varios abogados intentaron intervenir cuando leía parte de los argumentos que sustentaban la solicitud de medida de coerción en contra de los encartados, quienes en el banquillo de los acusados se mantenían escuchando las formulaciones de cargos.

“La barra del Ministerio Público vino aquí a discutir derechos, nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar, y en su momento como santiaguera, yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos”, sentenció la representante del MP.

Fuente

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, informó ayer que los policías no pagarán pasaje en los medios de transporte del Estado, como son la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.

Así se dispuso a través de un acuerdo firmado entre José Altagracia Sánchez, director de la OMSA; el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Rafael Antonio Santos, y la subdirectora de la Policía Nacional, general Teresa Martínez Hernández, en representación del director de la institución.

El convenio establece en su parte fundamental, que el servicio de transporte será gratuito para los agentes del orden, con solo presentar su credencial o carnet vigente de la entidad.

La alianza tendrá vigencia indefinida y a su vez permite y garantiza la movilidad de manera efectiva e ilimitada sin importar el rango o escala jerárquica que ocupen; asimismo manifiesta el escrito que este beneficio no será transferible y que es exclusivo para agentes del orden debidamente identificados.

Vásquez informó también sobre la aplicación de un sustancial aumento en el salario de los agentes, que entrará en vigencia desde el primero de enero del próximo año. “Dignificar y valorar el trabajo de la Policía Nacional en su justa dimensión, es importante para mejorar la calidad de vida de los oficiales en todo el territorio nacional y para eso hemos logrado este pacto con estas instituciones del Estado dominicano”, sostuvo el ministro.

En ese orden, reconoció la labor que ha mantenido la institución del orden en su ejercicio, en el deber con la ciudadanía en los nueve meses de la pandemia por Covid-19 que afecta el país.

El ministro sugirió a la ciudanía ajustarse a la decisión de las autoridades, que procuran responder a la situación que atraviesa el país con el tema de la crisis sanitaria.