Cinco abogados involucrados en el caso  Operación Calamar  aumentaron "su patrimonio de manera exorbitante" en pocos meses en el 2020, falsificando documentos públicos y privados y recurriendo al  lavado de activos , según detalla el expediente acusatorio del mayor caso de  corrupción  investigado en los últimos cuatro años.

Solo los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, adultos mayores, incluso, se lucraron con 1,500 millones de pesos y  sobornaron  con casi igual cantidad a funcionarios gubernamentales, indica el expediente.

Otro de los abogados imputados y quien admitió su responsabilidad en el desfalco al Estado y colabora con el  Ministerio Público  es  Ángel Lockward Mella,  quien entre diciembre del año pasado y marzo de este 2024 devolvió a la Procuraduría General, de "manera voluntaria", 220 millones de pesos producto de la defraudación del erario, según la acusación que se depositó el pasado mes de abril por la  Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa  (Pepca).

La supuesta estafa se efectuó en los últimos meses del Gobierno del expresidente Danilo Medina, cuando se pagó millas de millones de pesos por propiedades declaradas de utilidad pública y por la que están acusados ​​también los  exministros  de Hacienda, Donald Guerrero; Administrador de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otras 40 personas físicas y jurídicas.  

El expediente de Calamar describe que durante el periodo comprendido entre el 27 de enero hasta el 23 de julio del año 2020, se hicieron los pagos fraudulentos, provenientes tanto del  Consejo Estatal del Azúcar  (CEA) como de la  Dirección General de Bienes Nacionales , " autorizados y aprobados en común concierto doloso por los acusados ​​Ángel Donald Guerrero Ortiz y Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, en sus condiciones de Ministro de Hacienda y Contralor General de la República, respectivamente, y con la participación activa de otros miembros de la estructura criminal. de  corrupcion ".