A la hora de construir cualquier infraestructura física, los responsables de la obra deben evaluar las condiciones sísmicas del lugar, apoyándose en expertos y cumpliendo las normas establecidas para evitar daños en caso de un terremoto u otro fenómeno natural, así lo señaló Javier Rodríguez, director del Observatorio Sismológico Politécnico Loyola (OSPL).

El profesional de la Sismología resaltó en el programa Loyola Es, que se difunde a la 1 de la tarde por Magis 98.3 FM, que en el país existe un reglamento sísmico que indica los pasos que deben seguir los planificadores de un proyecto para evitar situaciones que pongan en riesgo a quienes habiten la instalación, "sin importar el tipo de edificación, el ingeniero debe seguir los lineamientos del reglamento sísmico del país, deben hacerse estudios del suelo, hacer un cálculo estructural concreto y seguir las indicaciones respecto a la norma sismo resistente".

Rodríguez consideró que al hacer una evaluación sísmica, los ingenieros constructores o desarrolladores de un proyecto urbanístico, sobre todo si es de gran amplitud, tienen una idea clara de si el terreno cumple con las condiciones necesarias para resistir las manifestaciones naturales que puedan darse. A partir de estudios de vulnerabilidad sísmica se pueden tomar decisiones para invertir, así como hacer las mejoras oportunas en edificaciones que ya fueron levantadas en lugares vulnerables.

Javier Rodríguez precisó también que el Estado dominicano debe jugar un papel activo en el otorgamiento y supervisión de permisos para el levantamiento de obras, no solo en el ámbito público, sino también en la actividad privada, así se puede evitar el desarrollo de infraestructuras sin pasar por el "colador" de las instituciones veedoras, poniendo en riesgo a los demás.

Las protestas de sectores cívicos y otros gremios en Bolivia contra el Gobierno se han mantenido este miércoles, en la tercera jornada de un paro indefinido, con marchas, bloqueos y cabildos en varias regiones contra una ley considerada contraria a las libertades ciudadanas.

A la demanda inicial de anulación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo se adhirieron demandas como el repliegue de los "grupos de choque" del Gobierno, la revisión de leyes observadas y la reposición de los 2/3 de votación en debates del Parlamento.

Las protestas se han centrado principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, en la que hubo un fallecido por causas que se investigan, mientras que en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Oruro se han relevado a jefes policiales tras incidentes y agresiones en días anteriores.