La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo deploró que el presupuesto asignado por el Gobierno a la salud mental en el país represente menos del 1 % del gasto total en salud, un porcentaje que considera insuficiente para atender la creciente demanda de pacientes con trastornos mentales.

La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo expuso sobre el tema al anunciar ayer la caminata “Un Paso por la Salud Mental”, como parte del desarrollo de la Semana de la Salud Mental, con un firme llamado a la sociedad a trabajar unidos para eliminar el estigma, garantizar acceso digno a la atención y acompañar a los pacientes con trastornos mentales y a sus familiares.

La Semana por la Salud Mental 2025 se desarrolla desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre e integra a más de 360 vicarías, parroquias, movimientos apostólicos y centros de salud de la red de la Pastoral, con jornadas de promoción, prevención, charlas, talleres y trabajo de campo en comunidades vulnerables.

Durante una rueda de prensa en la sede de la entidad, sor Trinidad Ayala Adames, coordinadora general de la Pastoral de la Salud, subrayó la urgencia de atender el incremento de los trastornos mentales en el país.

“La salud mental es un tema que no se puede seguir postergando. En nuestra labor pastoral hemos constatado un aumento constante de pacientes y diversidad de patologías. Esta realidad nos convoca a todos: Iglesia, autoridades y sociedad civil, para responder con efectividad, de manera unida y solidaria”.

Ayala recalcó los cuatro ejes que sustentan esta edición: la humanización de la salud mental, el acceso asequible a medicamentos, la cobertura en la Seguridad Social y la puesta en marcha de la atención primaria en salud mental como base para la prevención y la detección temprana de trastornos.

Los 11 miembros de la Policía Nacional vinculados a la muerte de cinco personas en el sector de la Barranquita en Santiago, el pasado 11 de septiembre, se encuentran en esa provincia a la espera de que se le conozca la medida de coerción.

El abogado Juan Carlos Báez Peralta, representante legal de siete de los policías, denunció que la fiscalía ha violentado el principio de presunción de inocencia al divulgar las identidades de sus clientes antes de que un juez determine el grado de responsabilidad.

Báez Peralta explicó que las órdenes de arresto fueron ejecutadas el pasado martes en horas de la noche por disposición del magistrado Wilson Camacho y que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha depositado la solicitud de medida de coerción.

“Entendemos que ellos están esperando el plazo razonable, que son 48 horas para depositar dicha medida de coerción. Sin embargo, en su afán de desesperación, la fiscalía no debió divulgar la identidad de los agentes, olvidando que existe la presunción de inocencia”, sostuvo el abogado, al recordar lo que establece el artículo 95.8 del Código Procesal Penal.

El jurista indicó que, junto a su colega José Gregorio Vázquez, representa a siete de los 11 agentes implicados en el caso. Señaló que la acusación preliminar contra sus clientes se fundamenta en los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican el homicidio voluntario.

No obstante, Báez Peralta aseguró que los policías no actuaron de manera fortuita, como quiere hacer ver el Ministerio Público, sino que se encontraban en el lugar tras una investigación que detectó la presunta negociación de un fusil de alto calibre.

Los policías son vinculados con las muertes de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, cuyo deceso se produjo mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.