Al entender que no existían pruebas suficientes para sus condenas, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió a Carmen Magaly Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina y descargó a Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), vinculados en el caso del también hermano del exmandatario, Alexis Medina. 

Alexis Medina fue condenado a siete años de prisión.

En ese sentido, Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, calificó la decisión de las magistradas como una sentencia con luces y sombras. 

A la salida del tribunal, informó que en el dictamen de las juezas existieron sobras, como es el caso de la decisión en contra de Magaly Medina y Fernando Rosa, por lo que apelarán esta decisión.

Al cuestionamiento de la prensa por la observación de las juezas Clarivel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, de que se presentaron pruebas que no correspondían con este caso, explicó que todas las teorías que presentó el Ministerio Público se probaron.

“No habrá un solo tribunal en República Dominicana que pueda decir que le trajimos casos sin pruebas, y en este caso este tribunal no ha sido la excepción, y ha tenido que admitir que el Ministerio Público trajo pruebas suficientes para la decisión que ellos produjeron, en los términos que ellos produjeron, y nosotros vamos a actuar en las consecuencias”, dijo Wilson Camacho.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, y el viceministro de Vivienda y Edificaciones, Danny Santos Comprés, enfrentan una querella por la presunta destrucción de una parte del Cinturón Verde de Santo Domingo.

La querella con constitución en actor civil fue presentada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava de Arroyo Hondo, a través del abogado Euren Cuevas Medina ante Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

La acusación principal es que los funcionarios otorgaron un permiso ilegal para construir más de 300 apartamentos en un área donde las construcciones multifamiliares están prohibidas.

Los demandantes alegan que este permiso viola el decreto 183 de 1993, que creó esta zona protegida, y la Norma 02-2023 del Ayuntamiento de Santo Domingo, que solo permite viviendas de bajo impacto.

Entre las consecuencias señaladas, el abogado de los querellantes mencionó la destrucción de una loma natural que protegía a la zona de los vientos y advirtió sobre un futuro colapso del tráfico, debido a la alta densidad de viviendas planificadas.