Santo Domingo.- El Ministerio Público sufrió otro revés en el juicio de fondo del caso Odebrecht, pues el acuerdo donde la constructora admitió que pagó sobornos a cambio de obras públicas en varios países incluyendo República Dominicana fue excluido del proceso por el tribunal que conoce el caso.

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, también excluyeron del juicio el acuerdo de Lenidad de Brasil, con el cual se remitieron documentos del caso entre el Ministerio Público de ese país y el dominicano.

La decisión de las magistradas de no admitir estas pruebas calves del Ministerio Público se basó en que el órgano acusador no depositó la traducción al español de estos documentos que están en portugués, como lo establece el Código Procesal Penal, por lo que explicaron su incorporación al juicio es imposible.

La exclusión de estas dos pruebas surge a raíz de una objeción que interpuso la defensa de Andrés Bautista, a la que sumaron los defensores de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.

Al respecto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que la prueba más importante en este momento son las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht, las cuales no fueron excluidas.

“En este punto donde está el proceso, la evidencia más importante son las delaciones, esas delaciones son las que contienen las versiones de los colabores en Brasil, todas y cada una de esas delaciones están debidamente traducidas al español y deberán ser incorporadas por el tribunal a este proceso”, expresó ante las preguntas de los periodistas que cubren el juicio.

Sobre la exclusión del acuerdo de admisión de culpabilidad de Odebrecht y el de Lenidad de Brasil, el procurador adjunto afirmó que presentarán un recurso de oposición mañana para que el tribunal cambie de decisión y, agregó, que está convencido de que las juezas se retratarán.

Para los abogados de Díaz Rúa y Rondón el Ministerio Público debería retirar la acusación en contra de los seis imputados, pues, dijeron no hay posibilidad de sustentarla.

“Ahora el instrumento de cooperación judicial de las 700 pruebas que dijo el Ministerio Público que iba a cerdita hoy parecería que se deberían ir todas por el efecto reflejo de esa prueba, de que no hay acuerdo de lenidad… en términos reales no hay ahora mismo una cooperación judicial que sustente la petición del Ministerio Público en cuanto a soborno, no hay, no existe en el tribunal”, manifestó el abogado de Díaz Rúa, Miguel Valerio.

De su lado, el togado José Miguel Minier, defensor de Rondón, este proceso es un circo y debe de acabarse.

El tribunal no excluyó las declaraciones del empleado 1 y de Marcos Vansconcelos Cruz (gerente de Odebrecht), con sus respectivos datos de corroboración, pues están debidamente traducidos.

De acuerdo a la acusación, con estos documentos el Ministerio Público quiere probar que mediante el acuerdo de lenidad entre el Ministro Público de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y la Procuraduría General de Suiza, la razón social Constructora Norberto Odebrecht, admitió que durante el periodo comprendido entre los años 2001 al 2014 realizó pagos en distintos países, entre los se encuentra República Dominicana, a través de intermediarios y funcionarios públicos de los gobiernos, con el fin de facilitar o asegurar la adjudicación de ciertos contratos de construcción de obras de infraestructura.

También, que en virtud de estos acuerdos fueron remitidos al Ministerio Público dominicano el listado de declaraciones (delaciones) de los empleados de Odebrecht en las que estos describen la participación individual de cada uno de los empleados en este proceso, en el esquema de soborno auspiciado por la constructora.

El juicio continua mañana en la mañana, donde el Ministerio Público tendrá la oportunidad de recurso en posición para tratar de que el tribunal cambie de oposición.

De su lado, las defensas de los imputados adelantaron que recurrirán también en oposición para que las juezas excluyeran las delaciones premiadas, como solicitaron en principio junto a las otras pruebas.

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SANTO DOMINGO. - El presidente Luis Abinader anunció este lunes el inicio de la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, que incluye retirar de las calles las armas ilegales y enfrentar la violencia intrafamiliar, con lo que se busca reducir las muertes por accidentes de tránsito y prevenir los delitos cometidos mediante el uso de motocicletas.

Durante una rueda de prensa ofrecida en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el presidente Abinader explicó que desde el Ministerio de Interior y Policía se utilizarán mecanismos innovadores y colaboraciones estratégicas con el sector comunitario, sindical, religioso y empresarial.

De esa manera, se procederá a desarmar a la población que no cuenta con las autorizaciones oficiales de porte y tenencia de armas, a los fines de disminuir al mínimo las armas ilegales.

“Como presidente pido a todo el pueblo dominicano que se sume al apoyo a este plan de desarme, y que sean actores de este cambio trascendental para el futuro del país”, exhortó el mandatario.

El plan está enfocado en el fortalecimiento del marco institucional que se concentrará en la construcción de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que asegure que las políticas, planes y acciones orientados a mejorar la seguridad de los ciudadanos sean respondidas de forma eficaz e interinstitucional, coordinadas.

Esto significa, explicó el mandatario, colocar a todo el gobierno en unidad de criterio y acción para la lucha contra el crimen.

Se refiere con esto a los esfuerzos tácticos en la coordinación de las acciones policiales, el aparato de justicia y la prevención para el fortalecimiento de la coordinación operativa de las instituciones clave en el trabajo para la reducción de los múltiples fenómenos delictivos y de convivencia que permitan dar resultados a corto y mediano plazo.

“La seguridad es libertad. Y para ser verdaderamente libres los ciudadanos hemos de sentir que nuestra integridad personal está protegida y que nuestros derechos colectivos, los que nos dan la carta de ciudadanía, están perfectamente salvaguardados”, expresó el gobernante.

Acompañaron al presidente Abinader, Raquel Peña, vicepresidenta de la República; Jesús -Chu- Vásquez, ministro de Interior y Policía; José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia; teniente general Carlos Díaz Morfa, ministro de las Fuerzas Armadas; Deligne Alberto Ascención Burgos, ministro de Obras Públicas y Maya Jiménez, ministra de la Mujer.

Igualmente, el mayor general Edward Sánchez González, director de la Policía Nacional; contralmirante José Manuel Cabrera, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este; Kelvin Cruz, presidente de FEDOMU y Víctor D'Aza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana.

También, Jesús Feliz, viceministro de Interior y Policía; general Rafael Vásquez Espínola, director de COMIPOL; general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director DIGESET; Yanet Jiménez, directora de la Dirección Especial de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, entre otros.

En defensa mujeres y familias

Para mejorar los trabajos de prevención y condena de la violencia intrafamiliar y de género, el Gobierno activará un proceso de fortalecimiento de la Dirección Especializada para la Protección de la Mujer y la Violencia intrafamiliar.

Esta entidad dará asistencia telefónica directa y efectiva a las mujeres afectadas por este tipo de violencia.

Además, recibirá los casos de violencia intrafamiliar del 911 que requieran atención de inmediato y trabajará en estrecha colaboración con el Ministerio de la Mujer en su línea de atención *212 y del Ministerio Público a través de su Línea Vida.

En su desarrollo completo esta dirección tendrá presencia en 14 direcciones regionales de la Policía Nacional, 26 unidades de Atención del Ministerio Público y 20 casas de Acogida del Ministerio de la Mujer. Asimismo, tendrá capacidad para custodiar simultáneamente a 100 víctimas.

“Como un aporte inicial para su equipamiento y operatividad estamos entregando en el día de hoy 150 millones de pesos y como aporte para su operatividad 106 millones pesos hasta el fin de año y presupuesto”, dijo el presidente.

Transformación Seguridad Vial

En cumplimiento de las líneas estratégicas de su plan de gobierno, el presidente Abinader informó el inicio del reforzamiento del Departamento de Ordenamiento de Carreteras de la DIGESET, a través del cual el domingo 28 de marzo, coincidiendo con la Semana Santa, se pondrán en funcionamiento 60 motocicletas y 243 camionetas en las principales arterias de circulación del país.

En el interés de reducir accidentes de tránsito en los puntos más críticos del territorio nacional, los agentes DIGESET estarán equipados con radares para controlar las velocidades de circulación y contarán con un sistema de comunicación (Radio de Comunicación y Flotas) y una aplicación tecnológica para depurar y fiscalizar a los infractores de la Ley 63-17.

Asimismo, a partir del 1 de junio el Gobierno iniciará la identificación de todos los motoristas mediante uso de chalecos con un número individual, medida con la que se pretende reducir el número de quienes usan los motores sin licencia, y de las actividades delictivas que en muchos casos van asociadas a su uso.

Mejoras de vida y tecnología policial

De acuerdo a la declaración del presidente Abinader, durante los próximos doce meses el Gobierno continuará mejorando las condiciones de vida y de trabajo de los agentes de la Policía Nacional.

En ese sentido, de los 717 destacamentos existentes, 202 serán reconstruidos en los próximos meses, 52 serán reformados este año y el resto en el próximo presupuesto de 2022.

En cuanto a los avances tecnológicos, el presidente anunció la puesta en marcha de una plataforma que permitirá la interacción directa y en tiempo real entre los ciudadanos y la Policía.

Desde su celular, con un App o aplicación cada dominicano podrá poner una denuncia con videos, fotos y textos desde el lugar en el que acontezcan los hechos, y dar seguimiento a su caso.

El segundo avance en la tecnología policial será la puesta en marcha de un moderno laboratorio policial de criminalística con capacidad de recolección y análisis forense de muestras de ADN, balística huellas dactilares y otras ramas de la criminología.

Tanto la plataforma tecnológica como el laboratorio de criminalística están ya en proceso de presentación de propuestas para ser seleccionado la más conveniente tan pronto como los procesos de evaluación y compras lo permitan.

“De una policía totalmente análoga brincaremos a una digital mucho más eficiente”, destacó el presidente.

El presidente Abinader anunció que iniciarán lo que denominó un innovador programa de recompras de armas ilegales con la colaboración de todo el sector social comunitario, sindical, religioso y empresarial, con los que el Ministerio de Interior y Policía abrirá canales de diálogo para su colaboración.

“La alta percepción de inseguridad, una tradición de apego a las armas y la presencia del microtráfico de drogas en los barrios provocan el incremento de armas en posesión de civiles. - Las estadísticas indican que tenemos unas 50 mil armas con permiso de las 238 mil armas registradas en el país”, informó.

El citado programa de recompras de armas ilegales incluye las siguientes acciones:

-Ofrecer una compensación atractiva para incentivar la entrega de las armas ilegales.

-La compensación no solo será en efectivo, sino que incluirá cupones canjeables por cualquier producto en el sistema comercial.

-Se procederá a la inmediata destrucción de las armas para que no regresen a las calles.

-El programa de recompra debe incluir un sistema de compensación para policías, militares y funcionarios aduanales que identifiquen y decomisen armas en sus labores.

-Incluirá una compensación para las personas que colaboren en la localización de armas ilegales.

-Una activa promoción a través de los medios masivos para garantizar el pleno conocimiento de todos los ciudadanos.