El expresidente Hipólito Mejía emplazó al director general de Bienes Nacionales, Rafael A. Burgos Gómez, a precisar con hechos, casos y detalles todos los expedientes en los que él pudiera estar involucrado, directa o indirectamente, en supuesta pérdida de más de dos millones de tareas del Estado entre 2000 y 2020, dentro del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

“En defensa del honor y la transparencia, me veo en la obligación de responder públicamente a las declaraciones del Director General de Bienes Naciones que afectan directamente la integridad de mi gestión como presidente de la República” escribió Mejía en sus redes sociales acompañado de una carta enviada a Burgos Gómez..

En el texto le pidió al funcionario precisar los hechos que involucren tanto en su mandato presidencial, como en su desempeño como Secretario de Estado de Agricultura en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández.

En la misiva, Mejía le recordó al propio Burgos Gómez fue parte de su equipo, ocupando cargos relevantes durante su gestión, como asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de Zona Franca y gobernación de la Provincia de Santo Domingo, además de su participación en el proyecto político.

Burgos Gómez dijo que todavía hay tentáculos de esa mafia tanto en el CEA como en Bienes Nacionales, ambas instituciones dirigidas por él, donde personas se dedican a la venta y falsificación de títulos, de los que 14 casos fueron remitidos a la Procuraduría General República.

El presidente Luis Abinader designó al economista Magín J. Díaz como nuevo Ministro de Hacienda, en sustitución de José Manuel (Jochy) Vicente, quien presentó renuncia a la posición.

El nombramiento de Magín Díaz, quien fue director de Impuestos Internos en el último mandato de Danilo Medina (2016 y 2020), está contenido en el decreto 386-25.

El también catedrático universitario tiene una trayectoria de más de dos décadas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Fue subsecretario de Estado de Finanzas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Posteriormente, se desempeñó como viceministro de Política Fiscal (2012–2013) y de Crédito Público (2013–2016), siendo una de las figuras técnicas clave en los procesos de reformas y en negociaciones con organismos multilaterales.

También fue asesor del Ministerio de Economía, la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos y el Congreso Nacional, así como la desaparecida Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

A nivel internacional, ha sido consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y ha asesorado a gobiernos de El Salvador, Honduras, Belice y Uruguay en reformas fiscales y políticas macroeconómicas.