Líderes de las comunidades Católica y Evangélica de la República Dominicana han emitido una severa condena contra el escándalo de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuestionando la ética de los funcionarios involucrados y criticando la disparidad de criterios del Ministerio Público (MP) al aplicar medidas de coerción.

Los religiosos coinciden en que la corrupción en el sistema de salud no es solo un crimen económico, sino un pecado que atenta directamente contra los derechos humanos y la dignidad de la población.

El obispo de la Diócesis Stella Maris, Manuel Ruíz de la Rosa, criticó la "mano de seda" con la que el MP ha tratado a algunos de los implicados, mientras solicita 18 meses de prisión preventiva para siete acusados.

Ruíz de la Rosa cuestionó el trato diferenciado a aquellos que han cooperado con la investigación: "¿Los tres que han dejado en el confort de sus casas, son menos responsables que el Dr. Santiago Hazim y su grupo solo porque han delatado a sus cómplices?".

El líder religioso advirtió que la forma de proceder del MP envía un mensaje pernicioso a la sociedad: que quienes roban grandes sumas pueden ser exonerados "solo por decir que van a cooperar" y luego disfrutar del dinero restante con impunidad garantizada.

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), a través de su representante, Feliciano Lacen Custodio, se unió a las críticas exigiendo al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar con firmeza, transparencia y apego al Estado de derecho, evitando el populismo penal.

CODUE afirmó que la corrupción en Senasa, al ser la ARS que más impacta a la sociedad, constituye un pecado contra Dios y contra el prójimo al desviar recursos destinados al bienestar.

La entidad evangélica exhortó a que se haga justicia y se garantice el servicio a los afiliados, revisando la situación de los pagos excesivos de diferencia y las herramientas para operaciones.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, reveló que el juez que conoció la audiencia de medida de coerción contra los imputados del caso de corrupción del Servicio Nacional de Salud (Senasa) realizó severas valoraciones sobre la conducta atribuida a los acusados.

La llamada Operación Cobra, según el Ministerio Público, destapó un entramado de corrupción que habría desviado más de 15 mil millones de pesos del Senasa, además de dos mil millones en sobornos.

A su salida del tribunal, Camacho explicó que el magistrado Rigoberto Sena reconoció la naturaleza “atroz” de los hechos, describiéndolos como “muy graves y crueles”, al tiempo que los interpretó como una traición y una “locura colectiva”.

Incluso, según indicó, el juez llegó a compararlos con un holocausto, por el nivel de daño causado.

“Los ha entendido como una traición”, dijo Camacho a los periodistas.

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, estas consideraciones del juez sustentaron la decisión de imponer prisión preventiva a siete de los imputados, mientras que a los otros tres se les dictó arresto domiciliario, además de garantías económicas e impedimento de salida del país.