Recientemente, pescadores encontraron en altamar una embarcación con 14 osamentas en el municipio de Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la costa norte del país.

Este hallazgo ha suscitado una serie de interrogantes sobre las circunstancias de estas muertes, el tiempo que los cuerpos permanecieron en el mar y su descomposición al estar en el entorno marino.

Para arrojar luz en torno a estos aspectos, se conversó con el doctor Jairo Medrano, quien ha sido médico legista forense por más de una década. El especialista habló sobre el análisis forense en este contexto, desde la duración que puede tener un cuerpo hasta convertirse en osamenta y sobre las pruebas para determinar la posible causa de muerte.

Medrano dijo que el protocolo a seguir con el caso de encontrar “osamentas en altamar” debe iniciar con la recuperación del mar y el transporte de los restos.

El experto señaló que tras esto, se realiza una documentación inicial que consiste en la toma fotográfica y escrita del estado en el que se encontraron los restos y de su entorno. “Se registran detalles como la ubicación, las condiciones del lugar y cualquier evidencia asociada como ropa, objetos personales y otros”, dijo en la conversación.

Señaló que inicialmente se realiza una evaluación visual para determinar el sexo, la edad aproximada, la estatura y cualquier característica distintiva, además, que se busca evidencias de traumas, lesiones, patologías o signos de violencia.

Medrano indicó que se extrae ADN de los huesos para “comparar con bases de datos de personas desaparecidas o familiares que buscan a sus seres queridos”, indicando que este análisis es fundamental para la identificación positiva de los restos.

Subrayó que las pruebas de ADN y odontológica son las más usadas en el país.

La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Educación disponer y garantizar la enseñanza de la Constitución, del medio ambiente y de educación vial en todas las Escuelas Públicas y Colegios Privados del país.

Mediante sentencia número 0030-1643-2024-SSEN-00573, el tribunal dispuso que la misma es extensiva a los centros educativos técnicos y universidades del país, en cumplimiento a los artículos 63.13 de la Constitución, 271.1 de la Ley núm. 63-17, el 57 de la Ley 64-00 y la Ley 94-20.

La sentencia también pone a cargo del colegio de abogados, el diligenciar y gestionar, frente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre INTRANT y Procuraduría General de la República lo referente a la educación vial, así como dar seguimiento frente a otras instituciones para velar por el fiel cumplimiento de la sentencia.

El tribunal tomó la decisión, tras acoger una acción de amparo de cumplimiento interpuesta por el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini.

Abogado maestros de escuelas

El CARD lamentó el que la sentencia no hiciera mandatorio la incorporación de los abogados como destinatarios naturales de las enseñanzas de la Constitución, del medio ambiente y de educación vial en todos los centros educativos del país.

Anunció que la lucha continuará por ente el mismo Tribunal Superior Administrativo, ahora con un amparo ordinario, para garantizar y hacer efectivo el reconocimiento de los derechos fundamentales de los abogados a la igualdad, al trabajo y la no discriminación, como pasa en la actualidad en el ministerio de educación, con trabas e impedimentos, que nos ubican como los únicos profesionales que no podemos participar en concurso de oposición para impartir docencia en las escuelas.