El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en su sesión núm. 18/2025 celebrada en fecha 17 de julio de 2025, aprobó el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de Vulnerabilidad, dando cumplimiento a la sentencia TC/0522/23 dictada por el Tribunal Constitucional.

Esta sentencia estableció que la reglamentación de los procedimientos de entrevistas forenses corresponde exclusivamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, como órgano competente para normar aspectos vinculados a la función jurisdiccional. Con esta decisión, se reafirma la potestad reglamentaria de la SCJ para garantizar la tutela judicial efectiva y el respeto de los derechos fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad.

El nuevo protocolo establece el marco operativo para la obtención de declaraciones de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y otros grupos que, por su condición, enfrentan barreras para interactuar con el sistema de justicia. Estas entrevistas forenses serán consideradas como anticipo de prueba, asegurando la obtención de sus testimonios de manera digna, segura y respetuosa, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Entre sus objetivos específicos se encuentra reducir la victimización secundaria, garantizar la confidencialidad, fortalecer el acceso a la justicia y unificar los mecanismos de actuación en los Centros de Entrevistas Forenses, promoviendo la protección reforzada de las personas en situación de vulnerabilidad durante los procesos judiciales.

El protocolo fue elaborado considerando el mandato constitucional de tutela de los derechos fundamentales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros instrumentos internacionales que reafirman el deber de adoptar medidas diferenciadas para proteger a los grupos más expuestos a situaciones de violencia o discriminación.

Con esta aprobación, la Suprema Corte de Justicia consolida su compromiso con un sistema de justicia inclusivo, garante de los derechos de todas las personas y adaptado a las realidades y necesidades de quienes, por su condición de vulnerabilidad, requieren protección especial para participar en los procesos judiciales sin ser revictimizadas.

El protocolo entrará en vigor tras su publicación en el portal institucional. Asimismo, la Escuela Nacional de la Judicatura tendrá a su cargo su difusión y la capacitación de jueces, juezas y demás operadores judiciales, para garantizar su correcta implementación y aplicación en los tribunales de todo el país.

El Protocolo se encuentra disponible a través del siguiente enlace: https://transparencia.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/resoluciones_pj/RPJ_resolucion45_2025.pdf

San Cristóbal.– La Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal expresó este domingo su profunda preocupación ante el notable incremento de los asaltos registrados en la provincia durante las últimas semanas.

Víctor Ramón Montás, presidente de la entidad, exigió a las autoridades competentes realizar los ajustes necesarios para restablecer la paz y seguridad de todos los sancristobalenses.

“En las últimas semanas, los atracos a plena luz del día se han incrementado considerablemente en San Cristóbal. Las autoridades no han logrado ofrecer una respuesta efectiva, por lo que les solicitamos con urgencia tomar las medidas necesarias para devolver la paz social que merecemos los habitantes de esta provincia”, expresó Montás.

El empresario subrayó que los comerciantes y emprendedores locales han sido los más afectados por el auge de la delincuencia, lo que está provocando un ambiente de inseguridad e incertidumbre que amenaza el desarrollo económico de la zona y llamó a las autoridades a resolver la situación.