El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos que incluye al suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado.

Las autoridades judiciales están pidiendo 18 meses de prisión contra 21 de los 27 detenidos y que el caso sea declarado complejo por el juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, ciudad desde donde operaba la presunta red.

El Ministerio Público está solicitando 18 meses contra María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También para José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

Los imputados están ingresados en la carcelita del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez de Santiago.

El expediente acusatorio fue preparado por la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y un equipo de 60 fiscales.

En la operación también participaron más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como agentes de la DEA.

Los imputados fueron detenidos durante operativos realizados en distintos puntos del país.

En los allanamientos las autoridades han ocupado decenas de bienes muebles e inmuebles, que incluyen estaciones de combustibles, vehículos de alta gama y relojes de lujo.

El tribunal no ha fijado la hora que será conocida la solicitud de medida de coerción.

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La meta es que nadie se quede fuera de inscripción o reinscripción

Santo Domingo.- Como forma de garantizar el derecho a la educación, tal y como está consagrado en la Constitución de la República, las autoridades del Ministerio de Educación establecieron que no se niegue la inscripción a un niño, niña o adolescente, ya que de esa manera se frenaría el ejercicio del derecho a la educación y ampliaría las acumuladas brechas sociales que acusa la nación.

En tal sentido, mediante circular oficial se instruyó a los gestores de los centros educativos del sector público, a proceder diligentemente con la inscripción de todos los estudiantes cuyas familias soliciten cupos en los mismos.

En la circular, firmada por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y dirigida a Viceministros/as, Directores/as Generales, Directores/as Regionales, Directores/as Distritales, Directores/as de Centros Educativos, se precisa que en caso de que la matrícula estudiantil supere la capacidad del centro, los directores deben comunicarlo por los canales correspondientes.

Con la acción, puntualizó Fulcar, se procura que se implementen de inmediato las estrategias de lugar para la distribución del excedente de estudiantes, a los fines de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos educativos en las aulas.

“Exhortamos a dar fiel cumplimiento a la disposición establecida en la presente circular, de inscribir a todos los estudiantes”, expresó.

Manifestó que el impulso de un modelo educativo inclusivo, así como garantizar el derecho a la educación, figura entre los pilares que se estimulan desde la presente administración gubernamental que preside Luis Abinader.

“La gestión de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, está comprometida con garantizar el ejercicio pleno de este derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y reivindicado por la actual gestión del Ministerio de Educación, al establecer la inclusión como uno de los pilares del nuevo modelo educativo Educación para Vivir Mejor que estamos impulsando”, afirmó.

“La Constitución de la República Dominicana en su artículo 63, consagra el derecho a la educación, indicando que “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”, agregó en la circular.

El funcionario sostuvo que está comprometido con garantizar una educación gratuita que permita que toda la población tenga igual posibilidad de acceso a todos los niveles y modalidades de la educación pública, tal y como se establece en el artículo 9, literal d, de la Ley General de Educación, 66-97.