El consultor internacional en gestión pública de seguridad y convivencia ciudadana, Luis Ernesto García Hernández, fue designado Comisionado Ejecutivo para la Transformación de la Policía Nacional mediante el decreto 52-24.

El referido decreto dejó sin efecto el nombramiento de José "Pepe" Vila como comisionado policial.

García Hernández es profesional en criminalística por la Policía Nacional de Colombia y licenciado en derecho graduado de la Universidad La Gran Colombia.

Además, posee una especialización en Planeación Educativa de la Pontificia Universidad Javeriana y Manejo de Recursos de Inteligencia Humana Oficina Federal de Investigación es el Servicio de Seguridad y de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Cuenta con experiencia en reforma y modernización policial con énfasis en rediseño de sistemas de carrera, disciplina, modelos de educación y entrenamiento policial bajo estándares profesionales.

El ultimó cargo que ocupó fue de jefe de planeación y gerente del Proceso de Transformación Policial de la Policía Nacional de Colombia.

También, ha completado estudios especializados, como el Programa Alto Gobierno por la Universidad de los Andes, el International Economic and Political Forum por The London School Of Economics, y la Inteligencia Prospectiva Contra el Crimen Transicional de la Oficina De Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El movimiento cívico Participación Ciudadana pidió este miércoles sea reformada la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), asegurando que es inconstitucional la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial.

A través de un comunicado, la organización estableció que los agentes del DNI no poseen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas, sin obtener previamente autorización de un juez, estando o no la referida Ley.

En ese sentido, indicó que la Ley debe ser reformada para que sea incluida la obligación de obtener la autorización de un juez al momento de requerir alguna información.

“La Ley no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes”, comunicó la organización.

Asimismo, manifestó estar convencidos de que el Tribunal Constitucional (TC), confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales.

Participación Ciudadana pidió que sean revisados los artículos 11, 26 y 30 de la Ley, con el propósito de que sea esclarecido que las sanciones no aplican si no se ha cumplido con la obligación de obtener autorización judicial previa.

Respecto al Ministerio Público, resaltó que la actuación del DNI no puede interferir con las del órgano persecutor, por lo que consideraron necesario en la Ley “una mayor claridad” en la relación de ambas entidades.

La organización cívica agregó que el uso del debate que se ha creado en torno a la ley para fines electorales no contribuyen a la conciencia ciudadana y a la democracia, por lo que los partidos deben asumir su responsabilidad en las críticas.