La construcción de proyectos habitacionales con unas tasas flexibles y la liberalización de recursos del encaje legal fue anunciada por el Banco Central (BCRD).

Esto permitirá que a partir de la fecha los desarrolladores-constructores tengan la posibilidad de acceder a unos RD$5,154.9 millones para financiar cualquier tipo de proyecto de vivienda, sin importar el precio de venta final de las mismas, según informó la entidad mediante un comunicado.

Los préstamos interinos mantienen los términos y condiciones aprobados por la Junta Monetaria mediante la Tercera Resolución del 27 de junio de 2019, los cuales son otorgados a un plazo de hasta 2 años y a una tasa de interés fija de 9%, pudiendo éstos ser utilizados en forma resolvente hasta completar el período de 6 años.

Propósito
Esta medida se adopta con la finalidad de atender demandas para el financiamiento de proyectos de viviendas cuyos montos pudieran superar los RD$8 millones, ponderando el hecho de que es práctica común de los constructores de proyectos incluir en un mismo edificio unidades de diferentes tamaños y precios.

Con esta modificación, se espera que los bancos múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos aceleren el proceso de desembolso de los fondos interinos disponibles para atender la demanda de un sector tan relevante en la actividad económica como lo es el de la construcción de viviendas, precisa el comunicadolistindiario.com.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 284, numeral 18 de la Ley Electoral, que establece una pena de 3 a 10 años de prisión para los llamados delitos de difamación contra los candidatos a cargos electivos.

El artículo que ha sido anulado por el TC establece que: “Serán castigados con penas de 3 a 10 años de prisión los que violen las normas constitucionales, éticas y legislativas sobre el uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrante con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de candidatos o del personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos, o agrupaciones participantes en los procesos electorales”, cita el artículo.

A principios de junio pasado la Fundación Prensa y Derecho elevó un recurso por ante el TC, para que fuera declarado inconstitucional el citado artículo, sobre la base de que dicha disposición legal al imponer penas privativas de libertad por compartir propaganda que afecta a un candidato, desnaturaliza el ejercicio del libre acceso a la información y limita irrazonablemente y desproporcionadamente la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

El representante de la Fundación Prensa y Derecho, Namphy Rodríguez, calificó la sentencia como otra victoria de la sociedad dominicana, para erradicar el virus de la censura que se impone a través de leyes penales que criminalizan la libertad de expresión.

Dijo que la sentencia lo que hace es reivindicar el derecho que tienen los ciudadanos a crítica frente a los políticos y quienes ejercen o pretenden ejercer función pública.

“En este caso la Ley 15-19 de Régimen Electoral, había ideado un tipo penal que se puede describir como una verdadera mordaza a la libertad de expresión, porque criminalizaba hasta con 10 años de reclusión a las personas que pudieran emitir juicios que afectaran candidatos políticos”, agregó Rodríguez.listindiario.com